Transparencia Venezuela, 15 de octubre de 2024. Tras más de cuatro meses sin dar señales de vida, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha reaparecido en la escena jurídica venezolana y lo ha hecho para avalar los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como vencedor a Nicolás Maduro de la elección presidencial del 28 de julio pasado.
La instancia adoptó la decisión en su sentencia número 211 del 11 de octubre de 2024, en la que declaró “inadmisible” el recurso de revisión que el excandidato presidencial Enrique Márquez y el exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, interpusieron contra el fallo número 31 de la Sala Electoral del TSJ, que certificó “de manera inobjetable” y convalidó “categóricamente” los cómputos ofrecidos por el CNE en la madrugada del día 29 de julio.
¿Cuáles fueron las razones de la Sala Constitucional para desechar la petición? Se desconocen, porque el contenido íntegro del dictamen no fue publicado. En el sitio web del juzgado apenas se cita la dispositiva de la decisión, que fue presentada como una ponencia conjunta de sus cuatro magistrados actuales: Tania D’Amelio, Lourdes Suárez Anderson, Luis Fernando Bustillos y Michel Velázquez.
Desde finales de marzo la expresidenta de la Sala Constitucional, magistrada Gladys Gutiérrez, no integra oficialmente el TSJ, porque está de “permiso” ejerciendo como embajadora en España.
Este dictamen sobre los resultados electorales es el segundo que la instancia anuncia desde el pasado 28 de mayo de 2024. El primer fallo lo dio a conocer un día antes y se relaciona con un proceso interpuesto por CVG Venalum contra varias aseguradoras que hoy están intervenidas por el Estado venezolano.
La decisión que avala el triunfo de Nicolás Maduro fue cuestionada por el accionante, Enrique Márquez, quien acusó a la Sala Constitucional del TSJ de agravar la “crisis institucional” que habría iniciado el CNE.
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Pretendiendo enterrar el asunto para siempre
La decisión de la Sala Constitucional supone el final de la vía judicial para lo relacionado con los cuestionados resultados de las presidenciales, al menos en Venezuela. El recurso de extraordinario de revisión es la última figura a la que las partes en un proceso judicial pueden recurrir para conseguir que la balanza se incline a su favor.
El numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de Venezuela del 1999 solamente faculta a la Sala Constitucional a “revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República”, pero mediante su jurisprudencia y luego en la Ley Orgánica del TSJ esta facultad se ha venido ampliando.
Así en el artículo 25 de la Ley Orgánica del TSJ se confiere a la instancia la potestad de examinar aquellas sentencias que “sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales”.
También cuando “las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales”.
Y, por último, la Sala Constitucional podrá revisar “las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean dictadas por las demás salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República”.
Con su pronunciamiento sobre la elección presidencial del 28 de julio de 2024, el TSJ parece pretender dar por zanjado el asunto. Sin embargo, el excandidato presidencial Enrique Márquez no comparte este criterio y cree que aún hay margen de maniobra. Por ello, anunció que interpondrá nuevas acciones ante el TSJ, entre ellas una solicitud de aclaratoria ante la Sala Constitucional para que despeje algunas dudas sobre su dictamen.
“Ante una petición tan seria y un asunto tan delicado, la Sala Constitucional despacha el asunto y emite una decisión sin ir al fondo de lo planteado (…) lo más extraño e ilógico es que no evalúa la constitucionalidad de la sentencia de la Sala Electoral, pero la ratifica”, se quejó el dirigente político.
El excandidato presidencial anunció que estudia solicitar un antejuicio de mérito contra los rectores del CNE. ¿La razón? Los rectores han desacatado al TSJ al no publicar los resultados totales de los comicios. En su sentencia número 31, la Sala Electoral no solo avaló la victoria de Maduro, sino que instó al árbitro para que presente los resultados.
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El mundo no se ha olvidado de los resultados
El dictamen de la Sala Constitucional parece que tampoco conseguirá enterrar el asunto, así como no logró el fallo de la Sala Electoral. En las últimas semanas un importante número de gobiernos de América y de Europa, entre ellos algunos cercanos ideológicamente al chavismo como los de Colombia y Brasil, han seguido exigiendo al CNE que presente los resultados mesa por mesa para así poder avalar lo ocurrido el 28 de julio.
“Hay dudas, serias dudas de legitimidad y legalidad que se tienen que disipar”, aseguró el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, que recordó que ya “el presidente Petro ha sido muy claro: no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas, lo cual no se ha hecho”.
El tema de la elección presidencial venezolana salió a relucir en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La embajadora de Estados Unidos Michèle Taylor exigió a Nicolás Maduro que “tome pasos concretos para una transición pacífica acorde a la ley electoral y a los deseos del pueblo venezolano”
