La justicia que tenemos vs la justicia que queremos

La independencia del sistema de justicia, y de las instituciones en general, es un factor determinante en el devenir de una sociedad. Si el Poder Judicial no es capaz de enfrentar con autonomía la criminalidad y- muy especialmente- la corrupción, el efecto es devastador en la vida diaria del ciudadano.

En Venezuela los delitos contra el patrimonio público han impactado negativamente en derechos ciudadanos, porque se han desviado miles de millones que debieron invertirse en servicios para satisfacer necesidades básicas del venezolano ocasionado un daño jamás visto en este país. Transparencia Venezuela ha registrado durante más de tres lustros la gestión gubernamental y el funcionamiento de las instituciones como el Poder Judicial. Es un análisis constante sobre la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los tribunales y la Fiscalía General de la República. Sus vicios y abusos durante más de dos décadas están recogidos en este sitio web y muestran la profunda debilidad de la independencia y autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo Nacional.

En Suprema Injusticia encontraremos el rostro de justicia actual venezolana que ha estado bajo el control de intereses partidistas, lo que ha golpeado a la democracia venezolana. Es un esfuerzo por visibilizar las desviaciones del sistema de judicial al momento de procesar y sancionar a los responsables de hechos irregulares contra el Estado venezolano y los ciudadanos, vicios que atentan contra la Constitución Nacional, así como contra convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Venezuela.

Suprema Injusticia también presenta para el análisis una propuesta sobre la justicia que necesita Venezuela para acabar con la impunidad, en especial en los casos de Gran Corrupción que -en su mayoría- han sido silenciados, pese a que más de 20 naciones del mundo ha iniciado investigaciones por desfalcos multimillonarios que tienen su origen en territorio venezolano, que para mediados de 2020 superaban los 90 casos, de acuerdo a registros propios de Transparencia Venezuela.

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