Justicia y chavismo

La justicia en Venezuela tiene un cordón umbilical que la ha atado al proyecto político autodenominado Revolución Bolivariana, impulsado por el presidente, ya fallecido, Hugo Chávez.

La “renovación” que impulsó Chávez a su llegada a la Presidencia de la República en 1999, alcanzó su punto más alto durante el proceso constituyente, que concluyó con la redacción y aprobación – mediante referendo popular celebrado el 15 de diciembre de ese año – de una nueva Constitución Nacional.

La llamada Constitución “bolivariana” sepultó a la antigua Corte Suprema de Justicia (CSJ) y, en su lugar, colocó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableciendo en su artículo 254 que “el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa”.

El proceso fue comandando por el jefe de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y mentor de Chávez, Luis Miquilena, junto con el también constituyente oficialista y responsable de la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial, Manuel Quijada.

“En Venezuela, por nuestra tradición caudillista, militarista y de fragilidad institucional, nunca hemos tenido un verdadero Poder Judicial autónomo e independiente”, observa el experto penalista, Alberto Arteaga Sánchez. “Nunca habíamos tenido, como ahora, en tiempos de la denominada revolución bolivariana, un Poder Judicial y, en particular un TSJ, absolutamente sometido a la voluntad del Ejecutivo”, acota el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La escalada roja en el TSJ

23/12/1999: designación de los integrantes del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

14/08/2002: La Sala Plena del TSJ interpretó los sucesos de abril de ese año, que incluyeron el derrocamiento por unas horas del presidente, como un “vacío de poder” y no como un golpe de Estado.

De los 20 magistrados, 11 apoyaron la tesis según la cual Chávez había abandonado su cargo por voluntad propia. El fallo redactado por el ponente Franklin Arrieche Gutiérrez exculpaba a los militares acusados de sediciosos y abría la posibilidad de enjuiciar al presidente por los hechos violentos que costaron la vida de decenas de personas.

“Con los pronunciamientos efectuados en abril de 2002, los altos oficiales acusados no desconocieron al Gobierno, sino la orden dictada por el presidente de la República de aplicar el Plan Ávila, porque resultaba contraria a la protección de los derechos humanos de la ciudadanía y ello significaría una masacre”, determinó Arrieche Gutiérrez, identificado como una ficha de Miquilena, quien para ese momento ya se había alejado del oficialismo.

17/08/2002: Chávez tachó de “inmorales” a los magistrados del TSJ y les acusó de haber puesto una “plasta”. “Ellos pusieron la plasta que pusieron y se fueron de vacaciones. ¡Qué sabroso!”, declaró iracundo. “Ahora nosotros no nos vamos a quedar con esa. Si creen que nos vamos a quedar con esa, están muy equivocados. Ahora lo que viene es un contraataque del pueblo y de las instituciones verdaderas”.

20/05/2004: Valiéndose de su mayoría en la Asamblea Nacional, el chavismo reformó la Ley Orgánica del TSJ y modificó la composición de su Sala Plena. La reforma de la Ley del TSJ de 2004, que elevó de 20 a 32 el número total de magistrados, blindó el sistema de protección judicial para favorecer al gobierno.

Entre los nuevos magistrados del TSJ se encontraban:  Luis Velásquez Alvaray (diputado chavista) y Luis Franceschi (diputado chavista), Eladio Aponte Aponte (ex f iscal general Militar) y Francisco Carrasquero (ex presidente del Consejo Nacional Electoral).

“¡Son ustedes la cabeza de la revolución judicial que sustenta el Estado democrático que apenas estamos construyendo!”, celebró Nicolás Maduro, entonces jefe de la fracción oficialista en la Asamblea Nacional dominada por el chavismo.

24/05/2006: El Consejo Moral Republicano suspendió al entonces magistrado Luis Velásquez Alvaray por un caso de corrupción. En su defensa, reveló la existencia de una red de 400 jueces que servía a los intereses del narcotráfico y acusó al para entonces vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, de pretender controlar el Poder Judicial venezolano.

21/03/2012: Eladio Aponte Aponte, expresidente de la Sala Penal del TSJ, fue destituido por la Asamblea Nacional, por su relación con mafias de la droga. En una entrevista concedida a un medio de comunicación, el magistrado admitió que “la justicia es una plastilina” y tachó de “falacia” la autonomía del sistema de justicia en Venezuela.

23/12/2015: Fueron designados en forma irregular de 13 magistrados del TSJ por parte de la Asamblea Nacional, entonces dominada por el partido de gobierno (Psuv) justo antes de que la oposición tomara posesión de la mayoría en el Parlamento. Algunos de estos magistrados “habían ocupado cargos en el poder ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder” y “la mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución”, según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) , publicado el 15 de julio de 2020.

10/05/2016: El TSJ perpetra “la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela” al suprimir funciones a la Asamblea Nacional, que era dominada por la oposición.

En su informe de julio de 2020, el ACNUDH, destaca que- entre diciembre de 2015 y mayo de 2020 – el TSJ dictó 127 sentencias que “invalidaban decisiones” del Poder Legislativo. Estas decisiones han atacado especialmente las funciones de control político que tiene el Parlamento sobre el Gobierno y la Administración Pública.

El informe del ACNUDH, de julio de 2020, señala que también que desde marzo de 2017 “el TSJ ha retirado la inmunidad a 29 asambleístas de la oposición sin seguir el procedimiento dispuesto en la Constitución y sin el proceso debido”.

La captura del Ministerio Público

Durante 20 años han estado al frente del Ministerio Público funcionarios cercanos al Gobierno:

2000- 2007:  el fiscal general fue Isaías Rodríguez, quien fue el primer vicepresidente de la República en la gestión de Hugo Chávez.

2008- 2014: Luisa Ortega Díaz, cercana a Isaías Rodríguez, estuvo al frente del Ministerio Público e 2014- 2017: Ortega Díaz fue ratificada por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo. Muchos la señalaban por su inacción y por avalar violación de derechos humanos. Se le consideró aliada del chavismo hasta que emitió varias críticas, en especial a la sentencia del TSJ que anulaba en la práctica a la Asamblea Nacional. El TSJ dictó al menos 13 sentencias que atacaban a la fiscal general.

05/08/2017: el TSJ ordenó el enjuiciamiento de Ortega Díaz. La cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la destituyó y designó al Defensor del Pueblo de entonces, Tarek William Saab, como nuevo fiscal general.

En el informe del ACNUDH, del 15 de julio de 2020, se advierte en su párrafo 15 que “el Fiscal General actual fue elegido por la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo un procedimiento que no respeta las disposiciones constitucionales”. Destaca el informe que la inseguridad de titularidad afecta también a los fiscales del Ministerio Público. “Casi todos ellos son provisionales y su nombramiento y destitución se dejan a la potestad discrecional del Fiscal General, pese a que por ley debe ser a través de concurso público”.

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