Transparencia Venezuela, 06 de octubre de 2021.- Adrián José Velásquez Figueroa, el exedecán de Hugo Chávez y esposo de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del expresidente fallecido, acreditó su nacionalidad española como parte de sus argumentos de defensa ante la Audiencia Nacional de España, instancia que analiza si lo extradita o no a Estados Unidos por una de las tramas más grandes de supuesto lavado de dinero.
Es que apenas hace seis meses, en abril de 2021, Adrián José Velásquez Figueroa obtuvo el estatus de ciudadano español, después de seis años en ese país, por lo que su defensa alegó ante el tribunal que no podría ser entregado a la justicia de Estados Unidos, según lo reseñaron despachos de prensa.
Es una protección que también tendría su esposa, quien además fue tesorera de la Nación, señalada, junto a su pareja, en el mismo esquema de corrupción por el cual fue sentenciado a 10 años de cárcel su antecesor en ese cargo, Alejandro Andrade, en Florida, Estados Unidos, por un entramado de blanqueo que entró en la lista de los 10 casos más grandes en el mundo en 2020.
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Los medios refieren que en la audiencia la representación del Ministerio Público mostró su sorpresa por esta carta bajo la manga mostrada por la defensa. La fiscal argumentó que la nacionalidad obtenida por el exescolta es un «fraude de ley para evitar la extradición», que no debería frenar la posibilidad de entregarlo formalmente a la justicia de Estados Unidos.
Ya la justicia española negó la extradición de este militar, y de su esposa, en 2019 cuando fue requerido por Venezuela ante una «posible vulneración de derechos fundamentales». La Audiencia Nacional tiene otra vez en sus manos el destino procesal de uno de los hombres cercanos a Hugo Chávez, que estuvo al frente de su anillo de seguridad.
Detalles sobre las andanzas de Adrián José Velásquez Figueroa en Venezuela y su conexión con el empresario Raúl Gorrín Belisario, también mencionado en la trama de blanqueo, saltaron otra vez a la luz con nuevos detalles en la reciente filtración conocida como los Pandora Papers, que muestra cómo el magnate presuntamente pagaba “favores” al militar que buscó refugio en España. Gorrín Belisario también tiene el estatus de fugitivo, según la justicia estadounidense.
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La Audiencia Nacional se tomará varios días para emitir su dictamen, en el que según los entendidos pesaría mucho la ciudadanía española recientemente obtenida por el exescolta de Chávez y su mujer, Claudia Patricia Díaz Guillén, una pareja que es investigada también en España, por la adquisición de una vivienda valorada en 1,8 millones de euros.
La exenfermera de Chávez es mencionada en otra averiguación en Liechtenstein, por la adquisición de nada menos que 250 lingotes de oro, valorados en su momento en casi 10 millones de dólares. En Venezuela, la investigación contra ambos, impulsada por el fiscal general de la Constituyente, Tarek William Saab, es por legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir.
El arsenal de exedecán de Chávez
Con nuevo abogado, Adrián José Velásquez Figueroa muestra interés en ser investigado en España y no en Estados Unidos. Los argumentos de la defensa, según las reseñas de prensa, fueron:
- Que un ciudadano español no debería ser extraditado.
- El señalado “jamás” se ha opuesto a alguna diligencia solicitada por la justicia española y ha colaborado con otras investigaciones.
- El delito que se le imputa en EEUU al exdecán de Chávez no está tipificado en España, y que en todo caso no se trataría de blanqueo de capitales, sino- según la legislación española- de “cohecho”, y que, además, estaría prescrito, porque son hechos supuestamente perpetrados en 2013.
- Los hechos ocurrieron en Venezuela por lo que no tendría España jurisdicción y que en este país suramericano el cambio de divisas está en manos del Banco Central de Venezuela y no de la Tesorería de la Nación (despacho que una vez dirigió su esposa).
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Tal como ocurre con otro de los extraditables conocidos que se resguardaron en España, como Hugo “El Pollo” Carvajal, el exescolta de Hugo Chávez también busca quedarse en ese país a toda costa.
La justicia española hasta ahora no ha respondido favorablemente a las solicitudes de extradición contra los exaltos funcionarios venezolanos, acusados en su mayoría de desfalcar Pdvsa, que se refugian en ese país, como Javier Alvarado Ochoa, también nacionalizado español. En su caso la Audiencia Nacional argumentó que no había “ninguna irregularidad o precipitación en los trámites de concesión de la nacionalidad».
La justicia española tampoco han entregado al exviceministro de Energía, Nervis Villalobos -investigado en Portugal, Andorra, EEUU, Venezuela y España-, ni la extesorera de la Nación y enfermera de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén, ni mucho menos el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez, “El Pollo” Carvajal, que tras su fuga estuvo casi en las narices de las autoridades españolas.