Transparencia Venezuela 5 de febrero de 2024.- El 2023 habría sido un buen año para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al menos eso es lo que dejó ver la nueva presidenta del máximo juzgado, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, en su informe de gestión, que presentó el pasado 31 de enero durante el acto de inicio de actividades judiciales correspondientes al año 2024, oportunidad en la que aseguró que la instancia judicial registró un «incremento de los índices de productividad judicial el año pasado».
La magistrada, quien también es la presidenta de la Sala Electoral, informó que durante el pasado ejercicio las distintas salas del TSJ recibieron 3.800 asuntos, pero dictaron 5.971 sentencias; es decir que decidieron 57,1% más causas de las que los ciudadanos le presentaron. ¿Cómo fue esto posible?
Hay varias explicaciones:
- En el TSJ vienen calculando los autos de admisión, aquellos donde se solicitan pruebas o responden medidas cautelares como decisiones. Esto, sin importar que esas resoluciones en efecto resuelvan el fondo de un asunto o no.
Así lo pudo conocer Suprema Injusticia por fuentes del propio organismo rector del Poder Judicial venezolano.
- Existe la posibilidad de que el organismo haya respondido causas que le fueron presentadas en años anteriores. Desde 2022 la Sala Político Administrativa, por ejemplo, ha venido tomando medidas para darle respuesta a solicitudes que tenían décadas en sus gavetas, entre las cuales destaca la creación de una Sala Especial para estudiar estas peticiones que tienen años sin resolver.
La presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, no especificó cuántas sentencias dictó cada una de las salas del máximo juzgado.
La opacidad se mantiene intacta
La presidenta del TSJ en su discurso apenas ofreció estadísticas (11 en total), algo que complica hacer una evaluación.
La magistrada aseguró que en 2023 los tribunales venezolanos dictaron “453.988 decisiones y efectuaron 219.887 audiencias, lo que significó un aumento de 41,44%”. No obstante, no precisó cuántos casos recibieron ni tampoco discriminó cuántas decisiones adoptaron los jueces penales, los civiles y mercantiles, los de protección de niños y adolescentes, del trabajo y demás.
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Rodríguez también informó que el año pasado la Comisión Judicial designó 773 jueces, lo que significó un incremento de 18% en comparación con los 642 nombrados en 2022. Pero la presidenta del TSJ no mencionó si su gestión buscará atacar la provisionalidad reinante entre los jueces y la cual le ha valido varios jalones de oreja al organismo judicial en instancias internacionales a lo largo de los últimos años.
Otros datos que ofreció la presidenta del TSJ fueron los relacionados con los procesos disciplinarios que la Inspectoría General de Tribunales llevó adelante durante los últimos meses. Así indicó que ese organismo llevó adelante 345.074 inspecciones a juzgados, que atendió 2.449 denuncias, inició 1.003 procedimientos y dictó 181 actos conclusivos.
Y, por último, informó que se inauguraron 25 nuevos tribunales y 11 nuevas salas telemáticas y de audiencias, así como enfermerías para los funcionarios judiciales.
No obstante, la magistrada no precisó qué tipos de tribunales fueron puestos en funcionamiento ni dónde, así como tampoco dio detalles sobre los fondos públicos que el TSJ administró en 2023.
Un misterio que sigue
La opacidad en el TSJ ha llegado a tal grado que ni siquiera ha aclarado la situación de la magistrada Barbara César Siero.
Desde finales de enero han comenzado a circular versiones que aseguran que la integrante de la Sala Político Administrativa solicitó un permiso, renunció o se jubiló. ¿La razón? La presunta implicación de sus hermanos, Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero, en una de las conspiraciones denunciadas por el Gobierno e investigadas por la Fiscalía de Tarek William Saab.
El hecho de que en el acto de apertura del año judicial 2024, Nicolás Maduro no saludara a cada magistrado y que las cámaras del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), el único medio televisivo que transmite esos eventos oficiales, apenas enfocaran a los magistrados tampoco ayudó a despejar las dudas.
Como en campaña
Como ya viene siendo tradición, la ceremonia se celebró fuera del lapso que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual indica que “el día 7 de enero de cada año, o el más inmediato posible, se celebrará en la capital de la República la solemne apertura de las actividades judiciales”.
Pero la fecha en que se celebró el evento o el hecho de que el informe de la magistrada Rodríguez, por lo escueto en materia de estadísticas y cifras, no se ajuste el mandato constitucional del principio de rendición de cuentas (artículo 141) no fueron las únicas anomalías, sino que además aprovechó para hacer proselitismo.
“Nos consideramos del lado correcto de la historia, porque apoyamos la causa más sublime que puede existir: el amor a la humanidad. Amor que se ve materializado en la férrea defensa de la igualdad de los derechos, la justicia social, los derechos humanos, la paz y oponiéndonos a toda forma de discriminación, opresión y de cualquier forma de violencia o desestabilización que atente contra la soberanía nacional”, declaró.
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Por su parte, el orador de orden, magistrado Luis Damiani Bustillos (Sala Constitucional), no se quedó atrás y aseguró que “con la (aprobación de la) Constitución y (la llegada de) el proyecto político bolivariano se cierra el proceso político que estaba convirtiendo al Estado venezolano en un Estado rehén, sometido a la voluntad de grupos políticos transnacionales y nacionales muy poderosos”.
Y, por último, denunció que Venezuela y Nicolás Maduro han sido víctimas del llamado lawfare (guerra jurídica). “Se usa la ley y el sistema jurídico nacional e internacional para lograr objetivos políticos, económicos y militares favorables a Estados Unidos”, dijo.
En lo que parece una alusión no solo a las sanciones internacionales impuestas contra varios funcionarios, incluido el jefe del Gobierno, sino también al proceso iniciado en la Corte Penal Internacional (CPI).
