Transparencia Venezuela, 23 de noviembre de 2023. La lentitud con la que actúa la justicia venezolana no sólo afecta a los ciudadanos de a pie, sino a los intereses del Estado venezolano. Y prueba de ello es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se demoró seis años en atender una solicitud que el Ministerio de Vivienda y Hábitat le formuló para que embargara los bienes de dos empresas por incumplir un millonario contrato para construir 6.880 viviendas, que debieron estar listas en 2016.
La medida la adoptó la Sala Político Administrativa en su sentencia número 1000, dictada el 9 de noviembre de 2023 , y en la cual declaró con lugar la solicitud que en marzo de 2017 presentó el Ministerio de Vivienda y Hábitat contra la empresa española Grupo Essentium y subsidiariamente contra la aseguradora venezolana Seguros Universitas.
En el dictamen redactado por la magistrada Bárbara César Siero, el máximo juzgado ordenó la congelación de los bienes y fondos a las dos firmas, luego de constatar que pese a que el Gobierno venezolano entregó como anticipo US$ 143 millones (alrededor del 25% del monto total del contrato) para la construcción de casi 7.000 viviendas prefabricadas en los estados Trujillo y Falcón, las cuales debían estar listas en enero de 2016, las obras apenas presentaban “una ejecución física del 4,91%” un año después de vencido dicho plazo.
Sacando cuentas por el daño causado
Con el “avance financiero del 37% (…) sobre el monto otorgado a la empresa por concepto de pago de valuaciones y anticipos no amortizados, pudo haberse culminado, al menos 968 viviendas y las dos plantas de prefabricados, sin embargo, a la fecha no se han iniciado la construcción de viviendas en ambas locaciones”, denunciaron los representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat.
En el caso de la firma española Grupo Essentium, el TSJ ordenó embargarle el doble del monto del contrato original más un 30% adicional, por concepto de costas procesales, lo cual totalizaba US$ 1,2 millardos. Y “teniendo en cuenta que las obligaciones cuyo incumplimiento dio origen a la demanda de autos se pactaron en dólares de los Estados Unidos de América”, pues el máximo juzgado optó por continuar empleando la misma divisa.
Por su parte, a Seguros Universitas le impuso un embargo de 619 millones, en virtud de que esta empresa figuraba como fiadora de la constructora. No obstante, en este último caso le solicitó a la Superintendencia de Actividad Aseguradora que se encargue de hacer cumplir la decisión.
A pedir ayuda a Madrid para intentar cobrar
Como el Grupo Essentium está domiciliado en Madrid, el TSJ anunció que solicitará a las autoridades españolas su colaboración para ejecutar las medidas confiscatorias.
“Siendo que en el presente caso la sociedad mercantil Grupo Essentium se encuentra domiciliada en la ciudad de Madrid del Reino de España, la referida medida podrá ejecutarse en dicho país, atendiendo a las disposiciones concernientes a la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, para lo cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala a los fines que libre la rogatoria correspondiente”, se lee en el dictamen.
Habrá que ver si esta solicitud corre mejor suerte que las numerosas solicitudes de extradición que el TSJ ha remitido a las autoridades españolas y las cuales han sido ignoradas.
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La Misión Vivienda se quedó sin esas casas
En 2012 el Ministerio de Vivienda y Hábitat firmó con Essentium un acuerdo para construir 6.800 viviendas en los estados Trujillo (Pampam) y Falcón (Punto Fijo).
Los complejos habitacionales conformados por casas, de dos pisos, prefabricadas, debían estar listas en 33 meses. No obstante, el Ministerio de Vivienda y Hábitat le otorgó a la empresa una prórroga la cual feneció en enero de 2016.
Pese a la extensión las viviendas no fueron construidas.
El Grupo Essentium ya había obtenido un contrato en 2011 para construir más de 3.200 casas en Santa Teresa del Tuy (Miranda), de acuerdo con lo reportado por la empresa española en su momento.
No obstante, este proyecto tampoco fue concluido. En 2016 trabajadores de Essentium en Venezuela denunciaron que la empresa había abandonado el país meses antes y que ellos tenían meses sin cobrar sus sueldos, por lo cual encabezaron una serie de protestas.
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