Transparencia Venezuela, 1 de junio de 2021.-A los verdugos se les reconoce fácilmente: Tienen cara de miedo”. Esta frase del filósofo galo Jean-Paul Sartre (1905-1980) parece explicar la reacción del Ministerio Público ante las actuaciones que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) viene realizando en relación con las denuncias de crímenes de “lesa humanidad” ocurridas en el país desde 2014. Solo en mayo, el fiscal designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, ha hecho tres pronunciamientos en relación al asunto, el último el pasado 27 de mayo, cuando acusó a la instancia internacional de dar un “trato discriminatorio” al asunto y de no garantizar el “debido proceso”.
Para corregir los supuestos vicios, el funcionario anunció que el día 26 del mismo mes su despacho había presentado sendas acciones ante la Sala de Cuestiones Preliminares del Juzgado con sede en La Haya (Países Bajos).
Una de las solicitudes busca que la instancia “se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de Examen Preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que, en el caso de Venezuela está siendo paradigmático”, se lee en el comunicado de Saab, quien consideró que la Fiscalía está llevando demasiado a prisa el asunto.
“Reclamamos amparo por parte de la Sala para que se nos conceda el mismo trato que se ha dado a países como Colombia, entre otros, que lleva casi 17 años bajo examen y que ha recibido 12 misiones de la Fiscalía. Nuestro país, no ha recibido ni una sola visita a pesar de que hemos reiterado en numerosas ocasiones nuestra voluntad de recibir al equipo de la Fiscalía de la CPI”, declaró el Fiscal, dejando en claro que su objetivo es frenar a la Fiscalía e impedir que ella declare que en el caso venezolano hay motivos para investigar.
A finales del 2020 la fiscal Fatou Bensouda consideró que hay “base razonable” para que su despacho inicie una investigación formal contra altos funcionarios venezolanos, comenzando por Nicolás Maduro . Asimismo, prometió que este año anunciaría si abriría o no algún expediente.
Pero mientras Saab considera que el caso de Venezuela va muy rápido, desde la Organización de Estados Americanos (OEA) no opinan lo mismo. Así, en diciembre pasado su secretario general, Luis Almagro, fustigó la actuación de Bensouda, por considerar que “incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano”.
Acceso a la pruebas
Saab también anunció que presentó ante la Sala una solicitud de “cooperación judicial de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.10 del Estatuto de Roma”. Este artículo organiza la colaboración entre la Fiscalía de la CPI y los Estados miembros del Estatuto de Roma y permite a estos pedir información a la Fiscalía de la CPI para cumplir con sus deberes. “+Por este motivo, hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que, hasta la fecha, no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados”, agregó.
El numeral 10 del artículo 93 del tratado que creó la Corte establece que ella “a solicitud de un Estado Parte que lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de la competencia de la Corte o que constituya un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente (…) podrá cooperar con él y prestarle asistencia”. Dicha asistencia o cooperación podrá comprender: “La transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigación o de un proceso sustanciado por la Corte; y el interrogatorio de una persona detenida por orden de la Corte”.
Saab justificó su acción asegurando que no sabe qué hechos está analizando la Fiscalía. Sin embargo, esa información es pública y notoria. La primera denuncia fue interpuesta por su antecesora, la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz, el 16 de noviembre de 2017, quien acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de cometer al menos cinco de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma (exterminio, asesinato, encarcelación, tortura y otros actos crueles).
Ortega Díaz sustentó sus señalamientos en cientos de pruebas que el Ministerio Público fue recabando durante su gestión y los cuales consiguió sacar del organismo antes de ser defenestrada por la cuestionada Constituyente, en agosto de ese mismo año, y tener que huir semanas después hacia Colombia.
“En mi condición de Fiscal General he cedido un cúmulo de pruebas, una carga probatoria, todos los elementos con los que cuenta el Ministerio Público, más de mil elementos probatorios, entre ellos experticias, reconocimientos médico-legales, psiquiátricos y entrevistas”, aseveró tras presentar un escrito de 495 páginas de extensión, en el cual denunciaba la represión a la ola de protestas que sacudió al país en 2017, con más de 130 personas muertas, además de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el marco de la polémica Operación de Liberación del Pueblo (OLP), un plan de seguridad en el participaron militares.
Meses después, la OEA constituyó un panel de expertos que analizó la situación venezolana y concluyó que en Venezuela se había cometido delitos de lesa humanidad. Este informe sirvió de base para que siete países del llamado Grupo de Lima presentaran ese mismo año otra denuncia ante el juzgado internacional. El reporte cita muchos de los elementos presentados por la Fiscal General en el exilio.
