OEA acusa a la Fiscal de la CPI de aumentar el “sufrimiento del pueblo venezolano”

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Transparencia Venezuela, 3 de diciembre de 2020.- “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. En la Fiscalía de la Corte Penal Internacional parece que nadie ha escuchado esta frase atribuida al filósofo romano Séneca. Pero el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sí que la conoce y así lo dejó en claro al fustigar la lentitud con la que la abogada gambiana Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, ha venido analizando las denuncias de crímenes de lesa humanidad contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que le fueron presentadas hace tres años desde la instancia hemisférica.

“Se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mostrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”, afirmó Almagro al presentar el reporte titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

En el documento, de 153 páginas de extensión, “se entiende y se reconoce que la Fiscalía debe examinar las pruebas en una manera muy atenta y prudente”. Sin embargo, se considera que “la lentitud” con la que la oficina de Bensouda viene examinando la información que la OEA, seis países de la región y la fiscal general venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, le remitieron entre finales de 2017 y principios de 2018 parecen indicar que ella es “absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo”.

En febrero de 2018, Bensouda decidió someter a “examen preliminar” las informaciones y denuncias que había recibido sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela entre 2014 y 2018. Sin embargo, no fue sino hasta noviembre de 2020 que afirmó tener “una base razonable para creer que los delitos dentro de la jurisdicción de la Corte se han producido en Venezuela”.

Pese a ese señalamiento, la funcionaria no ha decidido aún abrir una averiguación formal contra nadie y esta inacción no pasó por alto en la OEA, en cuyo informe se advierte que por esta actitud “el régimen (de Maduro) se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión que puede actuar con total impunidad”.

Para sustentar sus sospechas la OEA actualizó los datos contenidos en su primer informe de 2018 y denunció que hasta 2020 un total de 18.093 venezolanos fueron asesinados por policías y militares; es decir 8 diarios en promedio; mientras que 15.501 personas fueron detenidas arbitrariamente y muchas de ellas fueron víctima de tortura y malos tratos.

Minimizando el problema

Pero en el informe el organismo continental no solamente fustiga el silencio de Bensouda, sino que la acusa de subestimar informaciones confiables y creíbles “lo que plantea interrogantes graves sobre la imparcialidad y la objetividad de la Fiscalía”.

Así, por ejemplo, la OEA advirtió que en el Informe sobre las actividades de examen preliminar 2019 la Fiscalía de la CPI reveló que estaba examinando de 100 a 117 asesinatos cometidos desde 2017 por los cuerpos de seguridad y/o civiles armados progubernamentales que actúan en coordinación con esas fuerzas. Esto, a pesar de que se le presentaron pruebas de 131 asesinatos de personas que participaron en manifestaciones, así como de al menos 8.292 ejecuciones extrajudiciales registradas desde 2014, de acuerdo a la información aportada por Luisa Ortega Díaz.

A la instancia hemisférica también le alarma que Bensouda no se refiera a las “decenas de millones de personas sufrieron grandes sufrimientos o son objeto de un grave atentado contra su integridad física y su salud como resultado de la persistente crisis humanitaria creada intencionalmente por el régimen, como revelan las cifras sobre malnutrición, hambre, enfermedades y falta de acceso a la atención médica”.

En este nuevo reporte, la OEA reafirma su acusación sobre las causas de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, que de acuerdo al organismo hemisférico ha sido provocada por el modelo socialista implantado por el expresidente, ya fallecido, Hugo Chávez y por la galopante corrupción, en otros tantos factores. A la errada política económica y al latrocinio, la instancia hemisférica apunta que hoy el 80% de los venezolanos no puedan comer más que dos veces al día, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que 330.000 personas con enfermedades crónicas y 77.000 con VIH estén en riesgo de morir debido al colapso del sistema de salud público y porque no pueden costearse los medicamentos.

“No cabe duda de que los dirigentes del régimen de Maduro eran conscientes de que su corrupción, sus políticas y sus acciones conducirían, en el curso normal de los acontecimientos, a una escasez generalizada de alimentos y medicamentos, a la malnutrición, al hambre, a las enfermedades, a la falta de acceso a la atención médica y a las muertes derivadas de todo ello”, se lee en el documento, en el cual se reclama a Bensouda que “dé inicio a una investigación formal a la mayor brevedad” y que se comprometa a “enjuiciar aquellos crímenes perpetrados en Venezuela que se remontan a febrero de 2014”.

 

 

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