Transparencia Venezuela, 22 de enero de 2023.- Para la justicia venezolana el año 2024 no ha iniciado oficialmente, pues todavía no se ha celebrado la llamada Apertura Judicial, acto que marca el inicio de las actividades judiciales en el país. Sin embargo, esta formalidad no ha impedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comenzar a tomar decisiones y la primera de ellas fue renovar a su junta directiva.
El pasado 17 de enero el máximo juzgado informó que sus 20 integrantes decidieron “por unanimidad” designar a la actual presidenta de la Sala Electoral, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, como nueva presidenta del organismo rector del Poder Judicial.
Asimismo, se informó que fue ratificado como primer vicepresidente y presidente de la Sala de Casación Social, el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez; mientras que la segunda vicepresidenta recayó en la magistrada Tania D’Amelio Cardiet, quien fue elegida presidenta de la Sala Constitucional.
Los cambios en la cúpula judicial despiertan recelos. ¿Por qué? A continuación, se presentan tres motivos:
- Sin carrera judicial ni académica
Ninguno de los tres nuevos directivos desarrolló carrera judicial; es decir no fueron jueces, fiscales o defensores públicos. Por el contrario, sus primeros puestos en el Poder Judicial son los que ocupan actualmente. A esta conclusión se arriba luego de leer los currículos de los funcionarios que están publicados en el sitio web del TSJ.
Pero si lo anterior no fuera suficiente tampoco se desempeñaron como profesores en ninguna universidad. Gavidia Rodríguez ocupó el cargo de vicerrector en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), no obstante, en su hoja de vida no se aclara si dictó clases.
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El numeral 3 del artículo 263 de la Constitución de Venezuela es claro cuando señala que entre los requisitos para ser magistrado del TSJ están:
“Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones”.
- Militancia partidista y con afinidad al poder
Los integrantes de la nueva directiva militaron en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o en su predecesor: el Movimiento Quinta República (MVR). No obstante, el caso más notorio es el de la presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, quien antes de ser designada magistrada por la Asamblea Nacional, en abril de 2022, se desempeñó como alcaldesa encargada de Caracas desde agosto de 2021 hasta principios de 2022 y antes fue concejal del Municipio Libertador.
La ahora magistrada participó activamente en las últimas primarias abiertas que la formación oficialista celebró en 2021, tal y como se puede observar en un video que rescató la televisora colombiana NTN24: “Militante del PSUV mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro (…) ¡A ratificar la democracia de nuestro partido PSUV!”, soltó Rodríguez.
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Gavidia y D’Amelio también militaron en el PSUV y fueron candidatos a cargos de elección popular. Concejal metropolitano de Caracas en el caso del primer vicepresidente y diputada a la Asamblea Nacional en el caso de la segunda vicepresidenta.
Edgar Gavidia Rodríguez además está emparentado con la actual primera dama, Cilia Flores de Maduro, quien estuvo casada con su hermano, Walter Gavidia, quien fue presidente de la Fundación Negra Hipólita.
Lo anterior va a contracorriente de lo dispuesto en el artículo 256 de la Constitución venezolana que establece:
“Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados, jueces, fiscales del Ministerio Público y defensores públicos, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas”.
- Sus decisiones hasta el momento
Los fallos que, hasta ahora, han dictado los nuevos directivos del TSJ también dan motivos para alarmarse.
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, por ejemplo, fue la redactora de las sentencias que en febrero de 2023 suspendió las elecciones en la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y ordenó a la anterior directiva continuar temporalmente en sus cargos y antes, en diciembre de 2022, avaló las elecciones que encumbraron a Bernabé Gutiérrez como secretario general de Acción Democrática.
También suscribió, en una ponencia conjunta, la decisión que “suspendió” los efectos de las elecciones primarias de la oposición, en cuyo texto se hace referencia a María Corina Machado, la ahora abanderada opositora, como “la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince (15) años”.
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Gavidia Rodríguez, entretanto, ha sido el redactor de varios fallos que han avalado el uso de divisas extranjeras para operaciones tales como pago de sueldos o liquidación de prestaciones. Esto, a pesar de que la Constitución establece que el bolívar es la moneda de curso legal.
Tania D’Amelio, por su parte, fue la ponente de la sentencia que rechazó una solicitud interpuesta por los abogados de Radio Caracas Televisión (RCTV) y Radio Caracas Radio (RCR) en relación a la potestad de los municipios para cobrar impuestos a los medios audiovisuales .
Y por supuesto ninguno de los integrantes de la nueva directiva del TSJ ha dictado una sola decisión que sea contraria a los intereses del Gobierno o del PSUV.
