Transparencia Venezuela, 25 de octubre de 2021.- La condena a 21 y 27 años de prisión contra los policías del estado Táchira, Javier Blanco y Henry Ramírez; respectivamente, por dispararle en la cara y dejar ciego en 2019 al adolescente Rufo Chacón, mientras éste participaba en una protesta por falta de gas doméstico, es un paso hacia la justicia, pero solo eso. Así lo dejó en claro el Observatorio de Derechos de la Universidad de Los Andes (ULA), que denunció que solo en Mérida todavía hay 22 personas que perdieron parcial o totalmente la vista en circunstancias similares durante las protestas de 2017, que siguen esperando castigo para sus agresores.
La denuncia la formuló la organización, en un comunicado de prensa publicado el 15 de octubre de 2021, en el cual recordó que su informe “Mérida: Asalto a los Derechos Humanos 2017”, contabilizó que “cada cuatro días una persona recibió un disparo a los ojos entre el 25 de abril y el 27 de julio de 2017”.
En los 22 casos registrados por el Observatorio “se pudo comprobar que los traumas oculares fueron causados por cuerpos metálicos como perdigones, balines, y municiones modificadas con objetos tales como trozos de cabilla”, según detalla el referido documento, que está basado en los informes emitidos por los médicos que atendieron a las víctimas, en su mayoría jóvenes, incluido un adolescente de apenas 14 años de edad.
El disparar al rostro o a quemarropa fue una práctica recurrente por parte de efectivos policiales o militares enviados a dispersar las protestas que en 2017 se desataron tras las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en la práctica terminaron de aniquilar a la Asamblea Nacional electa en 2015, que estaba dominada por la oposición. Una práctica que viola no solo las normativas nacionales sino los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecidos por la Organización de Naciones Unidas.
Los 22 casos registrados en Mérida de 2017, junto a otros documentados por el ODH-ULA en años posteriores, fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Cúcuta, Colombia, en febrero de 2020, durante la visita in loco que el organismo intentó infructuosamente realizar al país.
Casos engavetados
Una de las 22 personas que aguardan justicia es Leonard Rondón, quien en junio de 2017 perdió un ojo por culpa de un perdigón disparado por un agente de la Policía estadal. Tras 19 meses, este caso permanece en la Fiscalía 13 de Mérida sin que se haya solicitado el procesamiento de nadie.
Pero si esto no fuera suficiente, Rondón ha sido amenazado por agresor, un funcionario policial que es vecino suyo.
La denuncia del Observatorio pone en entredicho las palabras pronunciadas por el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, al conocer la condena contra los policías de Táchira que dejaron ciego al joven Ruffo Chacón, oportunidad en la que aseguró que el dictamen era prueba de que el Estado venezolano está a la “vanguardia” en la región en materia de castigo contra los excesos policiales.
“Es una condena ejemplar contra dos funcionarios que haciendo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza con armas de fuego, causaron daños irreparables a un joven y heridas a otro por el solo hecho de estar pacíficamente en una protesta”, agregó en una rueda de prensa.
Durante las protestas de 2017, y posteriores, distintas organizaciones constataron la ejecución, por parte de los distintos cuerpos policiales y militares, de prácticas contrarias a los Derechos Humanos como exceso de uso de la fuerza en la represión a las manifestaciones y detenciones masivas, arbitrarias e ilegales de personas, muchas de las cuales luego fueron objeto de amenazas, intimidación, malos tratos e incluso tortura.
Precisamente este tipo de acciones gubernamentales sustentaron la denuncia que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) a finales de 2017 y en la cual acusó a Nicolás Maduro de poner en marcha un patrón de represión que, por su sistematicidad y extensión, se podría considerar un crimen de lesa humanidad.
“No se tratan de actos individuales, aislados o aleatorios, sino de actos múltiples con una gran cantidad de víctimas. Miles de personas han muerto, decenas de miles de personas han sido torturadas y detenidas ilegal y arbitrariamente, centenares de miles de personas son perseguidas y también objeto de otros actos inhumanos. Esto trágicamente, es lo que ha ocurrido en Venezuela y es lo que está ocurriendo”, denunció en su querella.