Caso de Rufo Chacón: ¿Venezuela a la vanguardia en el castigo a las violaciones en DDHH?

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Transparencia Venezuela, 13 de octubre de 2021.- Rufo Chacón, el joven que en julio de 2019 perdió la vista, por culpa de los disparos que le propinaron en la cara que dos agentes de la Policía del estado Táchira, consiguió justicia. El 4 de octubre de 2021, el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Táchira condenó a los agentes Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández a 27 y 21 años de cárcel, respectivamente; por la actuación irregular que desplegaron al dispersar una manifestación por falta de gas en la capital de la entidad andina, donde arremetieron contra la víctima y otras personas.

El fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, anunció la decisión y la calificó como “una condena ejemplar contra dos funcionarios que haciendo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza con armas de fuego, causaron daños irreparables a un joven y heridas a otro por el solo hecho de estar pacíficamente en una protesta.

Pero el funcionario no se quedó allí, sino que aseguró que la justicia venezolana está a la vanguardia en la región en materia de castigo contra los abusos y excesos policiales y comparó la actuación de su despacho con la de otros de la región donde han ocurrido situaciones similares en los últimos tiempos. Si comparamos este hecho con Colombia y Chile, donde ocurrieron no un caso como este, sino centenares de casos, donde funcionarios policiales de Colombia y Chile, dispararon a quemarropa perdigones, ocasionando la ceguera, la pérdida de visión de centenares de colombianos y chilenos en su momento, obviamente que el Estado venezolano, la justicia venezolana, el Ministerio Público venezolano queda a la vanguardia de la lucha contra la impunidad”, dijo.

Saab denunció que en Colombia se registraron durante las protestas antigubernamentales del año pasado 84 casos similares a los de Chacón, mientras que sostuvo que en la ola de manifestaciones que sacudió a Chile en 2020 unas 470 personas también sufrieron algún tipo herida en sus ojos. Pese a estos datos afirmó que ningún funcionario ha sido condenado aún.

Vayamos a las cifras para que le dé vergüenza a algunos países que forman parte del ya disuelto Cartel (Grupo) de Lima, pretenden darle clases de Derechos Humanos a Venezuela”, dijo.

¿Vanguardia en qué?

Las palabras de Saab se estrellan contra los datos. Así, aunque ciertamente la sentencia contra los policías que cegaron a Chacón es un avance, el grueso de las investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas en la represión a las olas de protestas de 2013, 2014 y 2017 continúan sin castigo.

En lo que va del año, las autoridades han informado de dos condenas relacionadas con casos ocurridos en 2017. Así el 13 de mayo se informó que un juzgado de Anzoátegui condenó a 25 años y ocho meses de cárcel al exagente de la policía de ese estado, Onan Josué Pereira Irigoyen, por asesinar a César Pereira.

Pereira fue abatido el 28 de mayo de 2017, cuando se encontraba en una manifestación que se llevaba a cabo en las adyacencias del Centro Comercial El Peñón del Faro, la cual fue reprimida por los funcionarios policiales. Las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, revelaron que los agentes modificaron ilegalmente las municiones para el control de manifestaciones para hacerlas letales.

Dos días antes, el Tribunal Tercero de Juicio del Zulia halló culpables a ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, por los delitos de violación y tratos crueles en contra de un joven detenido durante las manifestaciones de 2017. Los agentes, cuya identidad no fue revelada, fueron condenados a 24 años y tres meses de cárcel, luego de un proceso que estuvo plagado de diferimientos, denunció la organización Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codeh)

A finales de septiembre las autoridades actuaron con rapidez para anular la absolución contra el sargento de la Policía Aérea, Arli Méndez Terán, acusado de asesinar al estudiante David Vallenilla frente a la Base Aérea de La Carlota, en Caracas.

En 2019, el Ministerio Público anunció que el supervisor de la Policía del estado Carabobo, Jhonny José Azócar, y el oficial Gerson Alberto Quintero fueron condenados a 22 años de cárcel por su responsabilidad en el homicidio de Christian Humberto Ochoa Soriano, ocurrido también durante las protestas de 2017.

Sin embargo, solo en la ola de manifestaciones antigubernamentales de 2017, más de un centenar de personas murieron, 46 de ellas a manos de fuerzas de seguridad y 27 por la acción de grupos de civiles “armados progubernamentales”, según un balance dado para la fecha por la Organización de Naciones Unidas (ONU). La mayoría de esos casos permanecen en la impunidad y algunos sonados, como el del estudiante Juan Pablo Pernalete, han sido desempolvados este año.

La posibilidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una averiguación contra funcionarios y exfuncionarios venezolanos, por la presunta comisión de “crímenes de lesa humanidad”, podría estar detrás de los fallos arriba mencionados. ¿La razón? Las autoridades estarían buscando demostrar que están impartiendo justicia, para así cerrarle la puerta a una intervención del juzgado internacional.

No obstante, los procesos en los que hubo sentencia hasta ahora se han limitado a los autores materiales y no han ahondado en las posibles responsabilidades de superiores jerárquicos, pese a que los abusos durante el control a las manifestaciones se extendieron por todo el país y en todos los organismos policiales y militares.

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