Transparencia Venezuela, 15 de abril de 2024. El año 2024 prometía ser el año del renacimiento de los tribunales móviles en Venezuela. Sin embargo, parece que más que un resurgimiento este programa ha sufrido una profunda metamorfosis. Al menos ese es el sabor de boca que deja el balance que el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha hecho sobre la labor de esas instancias.
“17.351 trámites realizados en más de 100 jornadas del TSJ en la calle, desarrolladas en 149 municipios del país (…) con 14 mil personas atendidas (…) desde el pasado mes de febrero, es, hasta la fecha, el saldo del Programa Tribunal Móvil”, anunció el máximo juzgado el pasado 11 de abril en un comunicado de prensa.
“Este es el camino correcto para continuar optimizando la atención de las necesidades que en materia judicial existen en el país”, agregó la presidenta del TSJ, organismo rector del Poder Judicial, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez.
No obstante, una revisión de los datos aportados por el TSJ arroja dudas de que “las necesidades en materia judicial” de Venezuela estén siendo realmente satisfechas con el Programa Tribunal Móvil. ¿La razón? Hasta ahora el máximo juzgado no ha informado que en alguna de estas jornadas se haya celebrado una audiencia de presentación, preliminar o de juicio o mucho menos que se haya dictado una sentencia.
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En pocas palabras los tribunales móviles no han impartido justicia; que es la tarea que constitucionalmente tiene encomendada el Poder Judicial. Tampoco se ha informado que hayan servido para celebrar audiencias de conciliación o mediación para resolver conflictos sin necesidad de llegar a un juicio.
¿Qué vienen ofreciendo los tribunales móviles en Venezuela entonces?
“En cada jornada de tribunales móviles, el Poder Judicial venezolano ofrece servicios gratuitos de redacción de títulos supletorios, obligación de manutención y carga familiar, declaración de únicos y universales herederos, rectificación de actas de matrimonio, nacimiento o defunción, declaración jurada de no poseer vivienda, cartas de soltería, curatela, divorcios por mutuo acuerdo, entre otros”, informó el TSJ.
Y aunque desde su creación estos juzgados han ofrecido este tipo de asesorías, este no era el objetivo con el que fueron concebidos los tribunales móviles.
El programa del Tribunal Móvil fue puesto en marcha durante la presidencia de Luisa Estella Morales (2006-2013) y en ese momento se presentó como una iniciativa que tenía el propósito “llevar la justicia a todos los estados, municipios, parroquias, escuelas, liceos, cárceles, dependencias del sistema judicial y demás lugares”. Y para ello el TSJ adquirió unos autobuses, que fueron acondicionados para servir como juzgados y celebrar los distintos actos judiciales previstos en la legislación lejos de las sedes formales de los tribunales, contribuyendo así a “la disminución de los retardos procesales y hacer que la justicia sea expedita y oportuna”.
En 2012, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informó que “los tribunales móviles se constituyeron como sedes de los tribunales itinerantes en los centros penitenciarios Rodeo I, Rodeo II y Yare I, celebrando audiencias preliminares que contribuyeron con la celeridad procesal” ().
Los tribunales móviles fueron el escenario de procesos emblemáticos como el inicio del juicio que se le siguió al exalcalde de Chacao, Leopoldo López, cuya detención preventiva por las protestas ocurridas en el centro de Caracas, el 12 de febrero de 2014, fue acordada en uno de estos juzgados.
Sin embargo, ahora parece que estos juzgados rodantes están siendo empleados como oficinas de atención al ciudadano, gestorías o consultorías jurídicas exclusivamente.
