Transparencia Venezuela, 6 de noviembre de 2023. Pese a que las autoridades se jactan de lanzar, de tanto en cuanto, “cruzadas” contra la corrupción, este flagelo parece estar lejos de estar bajo control. Al menos así se percibe en instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde donde no sólo expresaron preocupación por las informaciones que les indican que las irregularidades administrativas están “generalizadas en muchos ámbitos de la vida pública”, sino que les plantearon a las autoridades cuatro medidas para revertir la situación.
Las recomendaciones figuran en el informe con las observaciones fiscales al V Examen Periódico sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual tuvo lugar en octubre pasado en Ginebra (Suiza).
En el documento, de 13 páginas, el Comité de la ONU insta a las autoridades a “incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública, de los funcionarios públicos y de las adquisiciones públicas, en particular, mediante el acceso público a la información y el pleno cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público”.
Durante el examen los miembros de la instancia de la ONU expresaron su preocupación por la opacidad que rodea al presupuesto. Desde 2015 el Gobierno no hace público el presupuesto nacional ni antes de su aprobación ni de manera posterior.
Asimismo, tampoco se hacen públicos los informes de gestión de los distintos organismos del Estado, algo que obstaculiza el ejercicio de la contraloría social y la evaluación de la gestión.
Menos show y más acción de verdad
“Velar porque todas las denuncias de corrupción, incluidas las relacionadas con los procesos de adquisiciones y contratación públicas, se investiguen sin demora y de forma exhaustiva, independiente e imparcial” y que “los responsables sean debidamente enjuiciados y castigados”. Esta es la segunda recomendación realizada por el Comité de la ONU.
Aunque el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, informó a la instancia de la ONU que desde 2016 hasta 2023 su despacho ha imputado a 1.534 funcionarios, acusado a 9.398 condenado a 5.365, hasta el momento casos emblemáticos como el de las obras inconclusas encargadas a la constructora brasileña Odebrecht, por ejemplo, continúan en la absoluta impunidad.
Igual suerte han corrido las investigaciones por el desfalco que la nación sufrió a través de la desaparecida Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), encargada de entregar los dólares preferenciales durante el control de cambios impuesto en 2003.
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Menos persecución y más trabajo
En tercer lugar, el Comité de DDHH de la ONU propuso una realizar una revisión al marco jurídico para “garantizar una protección adecuada a quienes denuncian irregularidades” para así asegurar que no sean criminalizados con cargos como “revelación de información confidencial”.
En pocas palabras el Comité de la ONU no quiere que otros venezolanos corran la misma suerte que los exgerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, quienes por exponer una serie de ilícitos fueron detenidos en 2020 y permanecieron presos hasta abril pasado.
Y, por último, en el informe se insta al Gobierno venezolano a fiscalizar correctamente las declaraciones de bienes de los altos cargos y cargos políticos.
Dos años para rendir cuentas sobre la justicia
Pero el Comité de la ONU no solo manifestó preocupación por el tema de la corrupción, sino por la situación del Poder Judicial venezolano, en particular por los nexos que muchos de sus integrantes tienen con los partidos políticos, empezando por los propios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
12 de los actuales 20 miembros del máximo juzgado ocuparon cargos en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro o militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras que otro es hermano del secretario general de la intervenida Acción Democrática (AD).
El Comité de DDHH de la ONU también expreso su alarma por la provisionalidad de los jueces y fiscales.
Durante la evaluación, el segundo vicepresidente del TSJ, magistrado Henry Timaure, pretendió restarle importancia al hecho de que alrededor del 80% de los jueces de los más de 2.200 jueces que hay en Venezuela sean provisorios, temporales o accidentales.
“Los jueces suplentes y provisorios tienen los mismos derechos constitucionales, los mismos sueldos y salarios y prestaciones. Todos tienen los mismos derechos y las mismas exigencias”, aseveró.
Sin embargo, en la práctica los jueces provisorios en Venezuela no gozan de las mismas condiciones que los titulares. ¿Por qué? Porque el TSJ los considera de libre nombramiento y remoción y, por lo tanto, los destituye sin procedimiento previo alguno que garantice su derecho a la defensa. Una situación similar es sufrida los fiscales y los defensores públicos.
Desde el año 2006 el TSJ no celebra concursos de oposición, pese a que así lo ordena la Constitución venezolana. Y aunque en la apertura judicial de 2023, la presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez, prometió que los concursos se reanudarían ni fijó fecha para ello ni se han anunciado, hasta el momento, cuándo se celebrarán.
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“El Estado debe tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público y garantizar el libre ejercicio de sus funciones, sin que se vean sometidos a ningún tipo de presión e injerencia indebidas por parte de los poderes Ejecutivo o Legislativo”, reclamó el Comité de la ONU, que le dio al Gobierno hasta noviembre de 2026 para que le informe qué ha hecho para acatar estas recomendaciones.
