Transparencia Venezuela, 7 de julio de 2021.- Por “prematura”, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional desestimó la denuncia por falta de cooperación y comunicación que el Ministerio Público intervenido por la cuestionada Constituyente, a cargo de Tarek William Saab, presentó a mediados de mayo contra la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la tramitación del caso Venezuela I y dejó las puertas abiertas para que se anuncie si se inicia o no una investigación por delitos de lesa humanidad en el caso venezolano.
“La Sala rechazó que el artículo 21 (3) del Estatuto (de Roma) pudiera servir como base para el amparo buscado. La Sala indicó que el marco legal de la Corte prevé una oportunidad procesal para presentar el tipo de impugnaciones que se estaban introducido por Venezuela (…) La Sala señaló que la disposición pertinente es el artículo 18 del Estatuto, aunque para que esté disponible, el Fiscal debe determinar que existe una base para proceder con una investigación. Debido a que esa determinación aún no se había anunciada, la Sala concluyó que la solicitud de Venezuela era prematura y la rechazó”, se lee en el dictamen fechado el pasado 2 de julio.
A finales de mayo Tarek William Saab interpuso una solicitud de control judicial contra la Fiscalía de la CPI, por considerar que esta instancia no estaba cooperando con su despacho y que de paso tenía un supuesto trato discriminatorio hacia las investigaciones de crímenes de lesa humanidad relacionadas con Venezuela. El funcionario afirmaba el expediente sobre Venezuela iba más rápido que el colombiano, que tiene 17 años en fase de examen preliminar.
Pese a que la Sala desestimó la petición del Fiscal venezolano el 14 de junio, un día antes que la jurista gambiana Fatou Bensouda dejara su puesto de Fiscal de la CPI, la decisión solo de dio a conocer dos semanas después. Bensouda achacó a esta acción de Tarek William Saab el que no pudiera revelar si abriría una investigación por crímenes de lesa humanidad contra funcionarios y ciudadanos venezolanos, pese a que ya había tomado una decisión al respecto.
Este anuncio de la ya exfiscal de la CPI no agradó a la Sala de Cuestiones Preliminares, pues lo consideró “incompatible” con el “diálogo” que debe mantener con Venezuela, dentro del “principio de complementariedad”.
“La Fiscalía debe cumplir con su deber de entablar un diálogo significativo con Venezuela -ya se le ha recordado al Fiscal, explícitamente, este deber y tal recordatorio se reitera en la presente Orden”, se agrega en el escrito.
Más transparencia
Pero además de desechar la solicitud venezolana y reprochar la actitud de Bensouda, la Sala de Cuestiones Preliminares también le ordenó a las autoridades venezolanas y a la Fiscalía de la CPI para que a más tardar el 21 y 23 de julio, respectivamente; publiquen sus “versiones” sobre el caso, para así “evitar posibles malos entendidos, en especial de las víctimas; y para evitar demoras innecesarias”.
La instancia considera que hay que darle mayor transparencia al caso. Las denuncias por crímenes de lesa humanidad fueron interpuestas a finales de 2017 por la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz; y en 2018 seis países de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaron otra denuncia. Ambas querellas fueron reseñadas por los medios de comunicación. Sin embargo, lo que se desconocen son los cuatro informes y numerosas comunicaciones que Saab ha remitido a La Haya desde finales de 2020.
El dictamen abre las puertas para que el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan, emita un pronunciamiento sobre el caso venezolano.