Venezuela I: El caso que puso al país bajo el escrutinio de la justicia internacional

Gobierno británico participará en el juicio por el oro venezolano
06/04/2021
Saab insiste en su estrategia de obstruir la labor de la Fiscalía de la CPI
06/11/2021

Transparencia Venezuela, 4 de junio de 2021.- Nunca antes en su historia, Venezuela había estado bajo el escrutinio de la justicia penal internacional. Pero la conflictividad política y social de los últimos años llegó a un punto tal que se requirió la intervención de la Corte Penal internacional (CPI), para que analizara la posible comisión de delitos de lesa humanidad contra la población civil, que se habrían perpetrado desde el 12 de febrero de 2014 y, en especial, durante la ola de protestas del 2017. Es el proceso conocido como el Caso Venezuela I”.

El “Caso Venezuela I” está en su fase III, es decir, en pleno examen preliminar, que es adelantado por la Fiscalía de la CPI. No se trata de un juicio. Esta etapa es un paso previo para determinar “si existe una base razonable para proceder con una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma”, según lo explicó la misma fiscal de la CPI, Fatou Bensouda en febrero de 2018, cuando anunció el inicio de esta fase procesal.

Un proceso de este tipo solo se comienza en estas circunstancias: si una Estado parte del Estatuto de Roma remite a la Fiscalía de la CPI un caso; si el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando de acuerdo al Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, pide una investigación; o cuando la misma Fiscalía de la CPI comienza la averiguación por iniciativa propia, es decir, de oficio.

La instancia internacional presentó un informe sobre las actuaciones en el Caso Venezuela I, el 14 de diciembre 2020. En el documento se afirma que la Fiscalía de la CPI estima “concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”, es decir, si no hay más dilaciones, este mismo año.

Es importante no confundir este proceso con el denominado Caso Venezuela II iniciado el 13 de febrero de 2020, a partir de la denuncia del ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, quien acusó a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, debido a las sanciones económicas impuestas a Venezuela. Arreaza dijo en esa oportunidad que la victima de esas medidas es la «población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad, obstáculos para su alimentación». El canciller señaló que las sanciones «son armas de destrucción masiva» y que las medidas contra Pdvsa han afectado al «traslado de piezas, su reparación o a los procesos de refinado».

La CPI presentó el 14 de diciembre de 2020 un informe sobre las actividades realizadas a partir de esta denuncia. El Caso Venezuela II, está en la fase II para determinar si la CPI es o no competente para conocer la denuncia.

¿Qué es el Caso Venezuela I?

En el informe de la CPI publicado el 5 de diciembre de 2018, sobre las actividades del examen preliminar en el Caso Venezuela I se lee:

“El examen preliminar se centra en crímenes presuntamente cometidos en Venezuela al menos desde abril de 2017, en el marco de las manifestaciones contra el gobierno y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, provocando que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”

El texto también refiere:

“Estas alegaciones incluyen varios casos de asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos. También se ha alegado que las fuerzas del Estado emplearon fuerza excesiva durante las operaciones de seguridad y redadas realizadas fuera del contexto de manifestaciones contra el gobierno.

También se ha informado que las fuerzas del Estado, en ocasiones, colaboraron con civiles armados pro gobierno, incluyendo los grupos denominados “colectivos”, que también habrían presuntamente perpetrado una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición –reales o percibidos como tales– y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes.”

Al final se señala:

“La Fiscalía también podrá incluir en su análisis todo presunto crimen conectado con la situación y comprendido en la competencia de la Corte, que pueda haber sido cometido desde el 12 de febrero de 2014”. 

¿Qué ha pasado en la Corte Penal Internacional con el Caso Venezuela I?

15/11/2017– A pocos meses de haber sido destituida, en un proceso contario a la Constitución Nacional adelantado por la ya desaparecida y cuestionada Constituyente, Luisa Ortega Díaz, que había sido la fiscal del chavismo, acudió a la CPI, a denunciar a funcionarios del gobierno por los venezolanos muertos en las protestas de 2017 y las victimas de los operativos policiales de la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Ortega Díaz dijo en esa ocasión que no se trataba de hechos aislados, sino de un  plan, un ataque sistemático y generalizado, “con una gran cantidad de víctimas”. ¿ A quiénes acusó? Ortega Díaz acusó a Nicolás Maduro, al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, al general Néstor Reverol Torres (entonces ministro de Interior y Justicia), al director de Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), general Gustavo González López y el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, actual diputado, por estar supuestamente incursos en al menos cinco de los once tipos de delitos de lesa humanidad que recoge el artículo 7 del Estatuto de Roma: exterminio, asesinato, encarcelación, tortura y otros actos crueles.

08/02/2018: La Fiscalía de la CPI inició el examen preliminar. De acuerdo al informe de la misma instancia a esta fecha ya la Fiscalía había recibido “un total de 110 comunicaciones con arreglo al artículo 15 en relación con esta situación, incluyendo 43 vinculadas con hechos ocurridos desde abril de 2017”.

27/09/18: Llegó a la Fiscalía de la CPI una solicitud hecha por varios “Estados remitentes”, que son también parte del Estatuto de Roma- Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú– para que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 del Estatuto de Roma, se investigue los crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. La base de esa solicitud de los países del Grupo de Lima es un informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que a su vez se sustenta también en los aportes de la fiscal venezolana destituida, Luisa Ortega Díaz. Desde el inicio de las funciones de la CPI, en 2002, no se había presentado el caso de que Estados parte del Estatuto de Roma, pidieran abrir un procedimiento contra otro estado miembro.

28/09/2018: La Presidencia de la CPI asignó la situación en Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares.

19/02/2020: La Presidencia reasignó la situación en Venezuela I de la Sala de Cuestiones Preliminares a la Sala de Cuestiones Preliminares III.

02/10/20: El Ministerio Público de Venezuela fue notificado por la Fiscalía de CPI del examen preliminar por el Caso Venezuela I, según lo informó Tarek William Saab. La Fiscalía de la CPI informó que pidió a las autoridades venezolanas que brindaran información “respecto de la naturaleza, los alcances y el avance de los procesos nacionales” sobre los hechos denunciados.

04/11/2020: la Fiscal de la CPI se reunió con el fiscal de la Constituyente, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, en la sede de la Corte en La Haya, Países Bajos. “La delegación de Venezuela aseguró tener voluntad de cooperar con el trabajo de la Fiscalía en el marco del Estatuto de Roma”.

30/11/2020: Las autoridades venezolanas presentaron un informe que da respuesta al conjunto detallado de preguntas formuladas por la Fiscalía de la CPI. También “presentaron cuatro voluminosos anexos que brindan datos concretos sobre los procesos nacionales llevados a cabo ante las jurisdicciones ordinaria y militar, y ante el Tribunal Supremo de Justicia, así como también copias de documentos judiciales que detallan procesos nacionales”. El material fue incorporado a la evaluación de la Fiscalía de la CPI para establecer “su relevancia para el examen preliminar”, se lee en el informe.

01/2021: Según el fiscal designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, en este mes se entregaron otros informes a la Fiscalía de la CPI. Precisó que desde octubre de 2020 habían entregado cinco informes con la información sobre 700 procedimientos contra funcionarios del Estado por violación de derechos humanos, un total de “3.000 páginas”.

27/05/2021: Tarek William Saab anuncia 2 solicitudes:

1) Petición de cooperación judicial (conforme al artículo 93.10 del Estatuto de Roma): Pide a la Fiscalía de CPI que entregue a su despacho información sobre material y las pruebas que están en el examen preliminar relacionados con el Caso Venezuela I.

2) Solicitud de Control judicial (según el artículo 46.2 del reglamento de la CPI): presentada ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI) para que se “corrija el trato desigual” que se da a Venezuela y la “actuación parcial interesada que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela”. Saab pide en el documento la presencia de una misión de la Fiscalía de la CPI en Venezuela.

27/05/21: Argentina retiró su apoyo a la denuncia presentada por países integrantes del Grupo de Lima ante la CPI sobre Venezuela, con el argumento de que ya no pertenece al bloque latinoamericano, del cual se retiró en marzo de 2021.

Las recientes solicitudes del fiscal general de la Constituyente, Tarek William Saab, en especial la referida a la exigencia de que una misión de la Fiscalía de la CPI visite Venezuela, pudieran retrasar el pronunciamiento que se espera para este mismo año sin son admitidas por la instancia internacional.

Share This