Transparencia Venezuela, 14 de abril de 2023.- La justicia venezolana no acepta que alguien le señale sus errores ni mucho menos que le indiquen las acciones para corregirlos. Y prueba de ello es el caso del capitán de corbeta Carlos Gustavo Macsotay Rauseo, quien desde mayo de 2018 se encuentra detenido, por presuntamente participar un plan que buscaba derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro; y cuya excarcelación rechazó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pese a que así lo solicitó el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
La Sala Constitucional del TSJ, en su sentencia número 197 del pasado 24 de marzo, desechó la acción de amparo en modalidad de habeas corpus que la defensa del militar interpuso en marzo de 2022 contra el presidente de la Corte Marcial, mayor general Jesús Emilio Vásquez Quintero, a quien acusaron de mantenerlo privado de su libertad de manera arbitraria.
“La presunta amenaza contra los derechos constitucionales, citada por el accionante, no es inmediata, mucho menos posible y realizable por el órgano jurisdiccional señalado como agraviante, toda vez que la medida privativa de libertad fue dictada por el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control, y no por el Presidente de la Corte de Apelaciones Militar, y dicho supuesto constituye un requisito fundamental para la admisibilidad de la acción de amparo constitucional”, replicó la instancia, según se lee en el fallo redactado por el magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos.
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La Sala Constitucional, en su dictamen, obvió los argumentos esgrimidos por la defensa del capitán Macsotay Rauseo para realizar los señalamientos contra el presidente de la Corte Marcial. “El sistema de justicia penal militar se sostiene sobre los principios de jerarquía, obediencia y disciplina, propios de la vida militar, lo que supone que los jueces de tal circuito, deben consultar con sus superiores jerárquicos las decisiones que deben tomar, en este sentido es el presidente Magistrado del Circuito Penal Militar, quien ordena a sus jueces las decisiones y dictámenes que deben decretar por ser el funcionario de mayor grado”, expuso el representante del oficial detenido.
Acto seguido, agregó: “es un hecho público y notorio que los jueces del Circuito Penal Militar, no tiene autonomía en cuanto a las decisiones que adoptan, a tal punto de expresar en las salas de audiencia que deben consultar sus decisiones con su superior jerárquico, que es el presidente del Circuito”.
Un militar más de la lista
La situación del capitán Mactosay Rauseo, así como de los otros seis oficiales que fueron aprehendidos con él por su supuesta implicación en la llamada “Operación Armagedón” fue analizada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que en noviembre de 2021 consideró que su encarcelamiento era irregular.
En el caso de Carlos Gustavo Macsotay Rauseo fue aprehendido el 17 de mayo de 2018 en la sede militar Fuerte Tiuna (Caracas), cuando estaba en una reunión de trabajo en el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes no presentaron orden de aprehensión ni le permitieron hablar con sus familiares.
Antes de ser presentado al Tribunal 1 Militar de Control de Caracas Macsotay Rauseo presentaba signos visibles de tortura. “Asfixia mecánica, golpes, patadas, descargas eléctricas, confinamiento y aislamiento en una celda de 2X2 metros cuadrados con la puerta cerrada todo el día, sin baño durante cinco meses”, fueron algunos de los malos tratos que recibió y que fueron ignorados por el juez y la Fiscalía militar.
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“Este es uno de varios casos presentados ante el Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la detención arbitraria en la República Bolivariana de Venezuela. A juicio del Grupo de Trabajo, esto equivale a una práctica sistemática de privar a las personas de su libertad sin respetar los derechos consagrados en el derecho internacional. El encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad en violación de las normas del derecho internacional puede constituir crímenes de lesa humanidad”, advirtió la instancia de la ONU en el documento donde pidió la liberación de Mactosay Rauseo y de los demás oficiales.
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