Transparencia Venezuela, 23 de octubre de 2023.- US$ 38.303.068,84 y Bs. 418.036.988,34, estos son los montos indexados desde 2016. Es lo que debe reintegrarle la Constructora Norberto Odebrecht al Metro de Caracas por haber incumplido un contrato que ambas suscribieron en diciembre de 2012.
La orden la giró la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su sentencia número 942, en la cual declaró “con lugar” la demanda patrimonial que la empresa pública de transportes venezolana interpuso en diciembre de 2017 contra la firma brasileña, por no haber construido las 2.400 viviendas que le encargó y que debían ser edificadas en un terreno ubicado en Mariche (Miranda).
Tras declarar que contrato revestía “un carácter de interés social, por cuanto su objeto era la construcción de 2.400 viviendas, siendo de especial importancia para garantizar el acceso a las políticas sociales de viviendas”, en el fallo se rechazaron las excusas que dio la Constructora Odebrecht para incumplir con lo pactado: Que el terreno no era geológicamente apto para acoger el número de casas previstas y además las autoridades decidieron a última hora incorporar a otras empresas a los distintos proyectos de construcción de viviendas.
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“Considera esta Sala que la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A. antes de recibir el anticipo otorgado por la sociedad mercantil C.A. Metro de Caracas, debía tener conocimiento de las condiciones donde se realizaría la obra, mal podría retener el anticipo otorgado y luego alegar que por causas no imputables a ella le resultaba imposible ejecutar la obra, motivo por el cual se desechan los argumentos de las codemandadas relativos a que se configuró una causa extraña no imputable”, se lee en el dictamen redactado por la magistrada Bárbara César Siero.
Asimismo, el TSJ no encontró en las pruebas que la demandada presentó durante el juicio “elementos probatorios tendientes a demostrar que (…) haya llevado a cabo la ejecución de los trabajos objeto del contrato MC 4749, dentro de los cuarenta y ocho (48) meses siguientes”.
En otras palabras la empresa Odebrecht no demostró que “construyera y entregara alguna de las 2.400 viviendas que se comprometió a realizar, tal como fue estipulado por las partes, resultando evidente el incumplimiento de las obligaciones asumidas, ya que la misma reconoció que debido a las condiciones geológicas del terreno no pudo cumplir con el objeto del contrato, siendo que tal circunstancia debía tenerla en cuenta antes de presentar su oferta para realizar a cabalidad la ejecución de la obra en el plazo indicado”, dictaminó la Sala Político Administrativa.
A devolver al Metro de Caracas hasta el último céntimo
El contrato para la construcción del complejo habitacional de Mariche tenía costo para el Estado venezolano de Bs. 1,8 millardos y de US$ 169 millones. Y hasta 2013 el Gobierno realizó pagos de más de Bs. 500 millones y de US$ 50 millones, de acuerdo con los documentos que terminaron en poder del TSJ.
Sin embargo, Odebrecht devolvió parte de los anticipos, pero no la totalidad por considerar que el incumplimiento no era imputable a la empresa. Una tesis que la Sala Político Administrativa rechazó y, por ello, le ordenó reintegrar el resto de los fondos y para reparar el daño provocado por la inflación y por las reconversiones monetarias aplicadas en los últimos años, la instancia solicitó al Banco Central de Venezuela (BCV) que indexara los montos y además estimara los intereses moratorios.
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La Sala Político Administrativa justificó su decisión indicado que “no se trata de una indemnización adicional sino de una actualización de la obligación principal, habida cuenta que su finalidad no es reparar el daño causado por el retardo en el cumplimiento, sino preservar inalterado el valor de la moneda empleada para el pago de la obligación, por lo que cuando se demandan intereses de mora conjuntamente con la indexación o corrección monetaria, el criterio imperante y reiterado por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, criterio que esta Sala comparte plenamente, es que tales conceptos pueden ser solicitados de manera simultánea, pues se ha precisado que en su contenido son disímiles y que además, tienen orígenes igualmente diferentes, toda vez que la causa de los intereses moratorios es el retardo en el cumplimiento de la obligación, mientras que la génesis de la indexación, es la devaluación de la moneda por el transcurso del tiempo”.
La misma decisión aplicó también a la aseguradora venezolana Seguros Caroní, quien fungía de fiadora de la Constructora Odebrecht; y a la cual también la condenó a pagar US$ 38.303.068,84 y Bs. 418.036.988,34 al Metro de Caracas.
Una promesa que terminó en nada
El complejo residencial estaría conformado por 25 edificios de 12 niveles cada uno. Asimismo, contaría con un Mercal, una escuela primaria, un preescolar, un módulo de salud del tipo, áreas socioproductivas, dos canchas deportivas y de usos múltiples, una plaza y 200 puestos de estacionamiento, además de paisajismo, vialidad, cloacas, drenajes y cerca perimetral, reportó Armando.Info.
El acuerdo con Odebrecht se firmó dos meses después de la última elección presidencial en la que participó el fallecido Hugo Chávez. No se puede olvidar que para esa campaña la empresa entregó un donativo de US$ 35 millones de dólares, según admitieron directivos de esa firma procesados en la llamada operación Lava Jato.
El primero de muchos
El fallo contra Odebrecht parece ser el primero de varios. La Sala Político Administrativa tramita en los actuales momentos varios juicios que la empresa interpuso contra el Ministerio de Transporte por revocarle varios de los mil millonarios contratos para la ejecución de grandes obras de infraestructuras que tanto los gobiernos de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro le habían entregado.
El segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo, el tercer Puente sobre el río Orinoco y el sistema ferroviario Caracas-La Guaira-Guatire son las obras que fueron adjudicadas a la constructora brasileña y que no concluyó, pese a que en muchos casos recibió anticipos superiores a los previstos en la ley.
El Informe Odebrecht 2018 publicado por Transparencia Venezuela, y para el cual se revisaron los presupuestos nacionales, las leyes de endeudamiento, créditos adicionales publicados en Gaceta Oficial e informes de distintos organismos públicos, arrojó que el Estado venezolano había cancelado a la constructora brasileña más de US$ 13 millardos por 18 obras, entre ellas el segundo puente sobre el Lago y el tercero sobre el Orinoco.
Sin embargo, el Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz elevó el monto pagado a Odebrecht hasta US$ 30 millardos.
