Transparencia Venezuela, 3 de agosto de 2021.- La justicia militar al parecer se acordó del exministro del Interior, general (r) Miguel Rodríguez Torres, y a finales de julio decidió abrirle formalmente un juicio. Eso sí, sin reparar que el oficial ya tiene más de tres años esperando en una celda a ser procesado, un tiempo que contraviene expresamente los lapsos fijados en la legislación penal venezolana.
El pase a juicio lo ordenó el Tribunal Militar 1° de Control de Caracas, que acordó sentar en el banquillo de los acusados al que durante más de una década fuera director de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y de su sucesor el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por la presunta comisión del delito de instigación a la rebelión. El juzgado habría desechado los otros delitos que originalmente le imputó la Fiscalía Militar: contra la seguridad de la nación, espionaje, motín y traición a la patria.
El juzgado militar no tomó en cuenta el hecho de que el exfuncionario desde principios de marzo de 2018 está en un calabozo, algo que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) expresamente prohíbe al señalar, claramente, que ninguna medida de coerción personal, como la detención preventiva, “podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave”.
Esta no es la primera vez que los jueces y fiscales ignoran olímpicamente los lapsos procesales en detrimento de los imputados y acusados. Este año un juzgado ordinario de Caracas autorizó el enjuiciamiento del expresidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, quien también tiene tres años en detención preventiva.
Estas irregularidades han tomado tal cariz que hasta la alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha reparado en ellas. “El análisis de los casos de personas privadas de libertad monitoreados por el ACNUDH muestra que en la mayoría de los casos no se respetaron los plazos procesales”, se quejó en su más reciente informe, publicado el 16 de junio de 2021.
Haciendo memoria
Rodríguez Torres, quien fue el primer ministro del Interior de Nicolás Maduro, fue aprehendido el 13 de marzo de 2018 en Plaza Venezuela, en Caracas, debido a una orden de aprehensión acordada 27 de junio de 2017, el mismo día en que el fallecido comisario Oscar Pérez sobrevoló Caracas en un helicóptero que robó de la base militar “Generalísimo Francisco de Miranda”, conocida como La Carlota.
El diario Últimas Noticias informó en su momento que la captura de Rodríguez Torres la habría solicitado la Fiscalía Militar 3° Nacional, en el marco de una investigación iniciada el 30 de mayo de 2017, en la cual también fue imputado el teniente Luis Eduardo Reinoso Morales, adscrito al 351 Batallón de Policía Militar “G/D. José Miguel Lanza”. Un mensaje a través de la red social Twitter que este oficial le habría enviado a otro, y en el cual menciona una declaración del exministro Rodríguez Torres, sería la principal evidencia de los acusadores.
Rodríguez Torres rompió con el Gobierno a los meses de ser destituido de su puesto, en octubre en 2014. Fundó el llamado Movimiento Amplio Desafío de Todos (Maddt), una organización de la cual, según la Fiscalía Militar, se desconoce “el origen de los fondos económicos” y “es utilizada para realizar actividades en contra de la legitimidad del Gobierno Legalmente Constituido”.
