Transparencia Venezuela, 22 de noviembre de 2023. El relato de un informante anónimo. Ese es el sustento de la acusación por conspiración y asociación que presentó el Ministerio Público de Tarek William Saab contra el estudiante John Álvarez y que fue admitida por el juez primero de Control con competencia en terrorismo, Franklin Mejías quien consideró como válida la información de un “patriota cooperante”, una figura impulsada desde el gobierno venezolano que describe a los coloquialmente denominados “sapos”, para finalmente enviar a juicio al joven de 24 años.
Hay más. El tribunal acordó que el joven universitario seguirá detenido en el mismo centro de reclusión donde fue torturado, dejando de lado las denuncias por los malos tratos -recibidos bajo custodia del Estado venezolano- corroborados por un examen avalado por la Fiscalía, que arrojó pérdida de la visión en su ojo izquierdo e inflamación en su riñón izquierdo, entre otras lesiones.
#20Nov «Un resultado inesperado. Esperábamos tener a John hoy en casa. Juramos por esta bandera que no vamos a descansar. Tarek (William Saab) libera a John. No merece estar donde está. Hijo quisiera abrazarte», expresó Jhon Álvarez tras conocer que el juez ordenó pase a juicio. pic.twitter.com/hPYoOpbfsl
— Vanessa García (@vanessajgarcian) November 20, 2023
“Nuestra Constitución, en su artículo 57, prohíbe toda forma de anonimato”. Es el alegato con fundamento constitucional que esgrimió el abogado Joel García, defensor del estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez
El artículo 57 de la Constitución de Venezuela señala:
“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
#20Nov «Le mando un mensaje a mi hijo: que siga resistiendo. Aquí tiene a sus padres, abogados, compañeros, familia, tiene a Venezuela de su lado. John es inocente. Estamos de pie y seguiré luchando hasta tener a mi hijo en casa», dijo Wendelin Peña, tras orden de pase a juicio. pic.twitter.com/9dqsHRgcpG
— Vanessa García (@vanessajgarcian) November 20, 2023
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó pronunciarse contra la figura de estos delatores anónimos avalados desde el gobierno en un fallo emitido en mayo de 2023 – y firmado como ponente por la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, actual presidenta de este juzgado- en el que se lee que la denuncia contra un patriota cooperante, cuyo testimonio sustentó la detención de un ciudadano en el estado Zulia, no afecta “el orden público, ni las buenas costumbres o una parte de la colectividad”. Y hasta fue multado el accionante.
En esta oportunidad el accionante alegaba que admitir como prueba el testimonio anónimo de un patriota cooperante viola las garantías constitucionales a la igualdad de la ley, derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a la prohibición del anonimato. Nada pasó.
Así que la figura del patriota cooperante en Venezuela, como delator anónimo, está intacta y su testimonio es considerado de peso por los tribunales venezolanos para llevar a juicio a cualquier ciudadano.
En el caso contra John Álvarez el Ministerio Público presentó un escrito de acusación que según el abogado Joel García “es irresponsable”, “una burla” y “no resiste el más mínimo análisis jurídico”.
El joven de 24 años ha sido vinculado por las autoridades venezolanas al mismo caso por el cual la jueza 2 de Juicio con competencia en materia de Terrorismo, Grendy Duque Carvajal, condenó a 16 años de cárcel a 6 sindicalistas en agosto de este año, pese a que las pruebas en su contra también fueron de carácter anónimo y obtenidas ilegalmente, de acuerdo a la defensa.
#20Nov 4:30 p.m. Juez ordena pase a juicio del estudiante de la UCV, John Álvarez.
«El juez de la causa admitió el escrito acusatorio, admitió todos los órganos de prueba y ordenó el pase a juicio oral y público, manteniendo a John Álvarez preso», informó el abogado Joel García. pic.twitter.com/hJoI4na4Mo
— Vanessa García (@vanessajgarcian) November 20, 2023
En 2017, Nicolás Maduro aseguró que el fortalecimiento del Sistema de Protección Popular para la Paz (SP3) sería una línea de acción del Plan Patria Segura. “El SP3 tiene ya por miles, a nivel de todo el país, Patriotas Cooperantes para adelantarse con información a las amenazas, para identificar las bandas criminales paramilitarizadas y las bandas de homicidas y sicarios”, dijo en esa ocasión.
Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) fue designado en esa oportunidad como jefe coordinador general del SP3.
El estudiante John Álvarez: el más reciente caso de denuncias de torturas en Venezuela