Transparencia Venezuela, 3 de marzo de 2023.- “El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”. Las autoridades judiciales estuvieron a punto de confirma la certeza de este refrán, pues pese a las lluvias de críticas y condenas que les valió la muerte en prisión del general en jefe (r) Raúl Isaías Baduel siguen sin responder con prontitud de las solicitudes de aquellos reclusos que denuncian problemas de salud.
Un ejemplo de lo anterior es el caso del coronel del Ejército Alfredo Enrique Solórzano Arias, quien tuvo que esperar casi un año para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respondiera la petición que sus representantes legales le hicieran para trasladarlo a un centro de salud, para tratarlo de los “dolores en la ingle, los testículos, vejiga, pierna izquierda (…) en el pecho, (…) de cabeza, mareos, bajas y subidas de tensión, es decir malestar general” que viene padeciendo.
La Sala Constitucional del TSJ, en su sentencia número 34 del 24 de febrero de 2023, ordenó al “General de Brigada Comandante de la 35 Brigada de Policía Militar, para que haga las gestiones necesarias a los fines que coordine el traslado con las extremas medidas de seguridad del ciudadano coronel Alfredo Enrique Solórzano Arias, titular de la cédula de identidad núm. V- 6.368.781, al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, ubicado en la parroquia San Martín de Caracas, para que sea evaluado en el Servicio de Urología, Cardiología y de Laboratorio, para que se le prescriba el tratamiento médico adecuado y se le realicen los exámenes necesarios”.
📍También te puede interesar: Los alegatos del teniente coronel Igbert Marín Chaparro y otros militares que el TSJ desechó
El fallo redactado por la presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, respondió a una solicitud de avocamiento que los abogados del coronel Solórzano Arias interpusieron el 10 de marzo de 2022 y en respeto a lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución venezolana, que establece: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”.
Una vez que Solorzano Arias sea evaluado deberá ser “regresado a dicha Brigada (donde se encuentra detenido)”.
En el dictamen se le advierte al comandante que el incumplimiento de esta instrucción le acarreará de hasta 200 unidades de la divisa de mayor tipo de cambio, prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ.
El coronel Solórzano Arias caído en desgracia
Solórzano Arias fue canciller magistrado de la Corte Marcial y juez militar hasta su detención el 17 de septiembre de 2021 señalado de participar en una supuesta trama de corrupción que facilitó la evasión del teniente coronel del Ejército Erick Fernando Peña Romero.
Peña Romero, quien hasta 2018 se desempeñó como administrador del Hospital Militar de Caracas, fue uno de los nueve oficiales detenidos el 2 de marzo de 2018 por supuestamente formar parte Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo y por tener vínculos con el exministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.
Según la Fiscalía Militar, el teniente coronel del Ejército Erick Fernando Peña Romero se evadió gracias a una medida humanitaria que le otorgó un tribunal castrense, previo pago un grupo de funcionarios judiciales entre los que figura Solórzano Arias.
📍 También te puede interesar: En un mes 441 víctimas de violaciones a los Derechos Humanos han expuesto sus casos ante la CPI
El oficial procesado tiene una dilatada carrera en la justicia militar. En 2006 fue nombrado en el Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto. Para el 2017 el entonces presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, lo juramentó como juez relator de la Corte Marcial.
Cuando el coronel del Ejército Alfredo Enrique Solórzano Arias ejercía como juez fue denunciado de no responder solicitudes como las que él mismo le presentó al TSJ. En abril 2021, es decir antes de su aprehensión, Molly De La Sotta, hermana del capitán de navío Luis Humberto De La Sotta, detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde el 2018, acusó que Sólorzano Arias de no tramitar un amparo que interpusieron a favor de su hermano.
El gobierno de Maduro embiste contra la Fiscalía de la CPI por el Caso Venezuela I
