Transparencia Venezuela, 2 de julio de 2021.- La adopción de medidas que garanticen a los jueces y fiscales su autonomía e independencia a la hora de actuar sigue siendo la gran asignatura pendiente del Estado venezolano. Al menos a esta conclusión se arriba al revisar el contenido del más reciente de informe sobre la situación Venezuela presentado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“De acuerdo con la información de que dispone el ACNUDH, se han realizado avances limitados hacia la implementación de las recomendaciones emitidas al respecto por la Oficina, los órganos de tratados y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y en el contexto del examen periódico universal”, se lee en el reporte que presentó este 1 de julio la exmandataria chilena en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La situación de provisionalidad en la que se encuentran la inmensa mayoría de los jueces -casi el 85% de los 2.400, de acuerdo con las propias cifras que el Gobierno ha entregado a instancias internacionales- y la totalidad de los más de 1.000 fiscales y 600 defensores públicos, abre las puertas para que estos funcionarios sean objeto de presiones al momento de decidir. ¿La razón? El hecho de que los titulares de los juzgados, los representantes del Ministerio Público y de la Defensa Pública sean provisorios, temporales o accidentales implica que son nombrados discrecionalmente por sus superiores jerárquicos, pero también pueden ser removidos sin ningún tipo de procedimiento donde se respete el debido proceso.
Esta situación es contraria lo establecido en la Constitución Nacional, que en su artículo 255 establece claramente: “El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces se hará por concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y serán seleccionados por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces. Los jueces solo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley”.
El tema ha hecho saltar las alarmas en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también la ONU. Así, en el segundo Examen Período Universal de Derechos Humanos más de 20 países pidieron a las autoridades venezolanas adoptar medidas para para asegurar la separación de poderes y garantizar el acceso a un sistema de justicia imparcial. Sin embargo, esas solicitudes han caído en saco roto y, desde 2007, el TSJ no celebra un solo concurso y el fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, revirtió los pocos avances que en la materia se lograron durante la gestión de Luisa Ortega Díaz,
Recientemente Nicolás Maduro anunció la puesta en marcha de una nueva “revolución judicial” para atacar el retardo procesal y otros problemas que aquejan al Poder Judicial, pero no mencionó la provisionalidad como una prioridad.
Fallas a montón
Pero si la falta de estabilidad de los jueces y fiscales no fuera suficiente, Bachelet también constató que en los últimos 12 meses los principios básicos del debido proceso continuaron siendo vulnerados por el Poder Judicial venezolano.
“El derecho internacional de los derechos humanos establece que en los procesos penales toda persona tiene derecho a una audiencia justa y pública por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. Sin embargo, las audiencias ante las jurisdicciones de terrorismo y militar se celebraron en privado, lo que generó una percepción de secretismo y falta de independencia”, se lee en el informe.
Asimismo, la Alta Comisionada expresó preocupación por el uso sistemático de la figura de la “admisión de hechos”, por cuanto la misma puede “ser el resultado de presiones, como períodos prolongados de detención preventiva, condiciones de detención deficientes, malos tratos o asistencia jurídica inadecuada”.
Desde hace años las autoridades judiciales vienen recurriendo a la admisión de hechos como vía para obtener sentencias y cerrar casos. En no pocas ocasiones expertos y activistas de Derechos Humanos han denunciado que jueces y fiscales presionan a los imputados para que admitan la culpa y eviten el juicio, para evitar condenas más duras. En 2013, el Ministerio Público admitió que consiguió 4.320 condenas por esa vía, mientras que apenas 992 fueron producto de juicios orales y públicos donde los acusados pudieron defenderse
Bachelet también verificó que las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el marco de la pandemia del COVID-19 fueron insuficientes y solo sirvieron para agudizar el endémico retardo procesal que ya padece la justicia venezolana.
“El análisis de los casos de personas privadas de libertad monitoreados por el ACNUDH muestra que en la mayoría de los casos no se respetaron los plazos procesales. En los casos más graves, esto condujo a períodos prolongados de detención arbitraria. Por ejemplo, el sindicalista Rodney Álvarez fue detenido en junio de 2011 y condenado por homicidio diez años más tarde, tras un largo juicio y una década de privación de libertad”, denunció.
¿Saludo a la bandera en los casos Pernalete y Acosta Arévalo?
La Alta Comisionada tomó nota de las medidas adoptadas en los últimos meses por las autoridades para castigar algunas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país en los últimos años, como los casos del capitán Rafael Acosta Arévalo o del estudiante Juan Pablo Pernalete. Acosta murió en 2019 a manos de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que lo tenían detenido, mientras que Pernalete fue alcanzado por una bomba lacrimógena disparada contra él por la Guardia Nacional, mientras participaba en una protesta antigubernamental en 2017.
