Por segunda vez en año y medio Maduro anuncia una reforma a la justicia

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Transparencia Venezuela, 24 de junio de 2021.- “En Venezuela hace falta, en esta etapa de la construcción del nuevo Estado, una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional. Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, sacuda y que transforme todo el sistema de justicia del país”. Con estas palabras Nicolás Maduro informó el pasado 21 de junio, que la justicia venezolana sería sometida a una reforma. Esta es la segunda vez en año y medio que Maduro hace un anuncio de esta naturaleza.

La tarea de llevar adelante esta nueva “revolución judicial” estará en manos de una comisión especial presidida por el diputado Diosdado Cabello, por la también diputada y esposa de Maduro, Cilia Flores; y por la actual presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lourdes Suárez Anderson.

La instancia, anunció Maduro durante una reunión del Consejo de Estado, “deberá presentar un plan integral de cambios estructurales mediante reforma de leyes y aprobación de nuevas leyes” para atacar problemas como el retardo procesal. Asimismo, la comisión deberá resolver, en 60 días, el problema del hacinamiento en los centros de detención preventiva (comisarías policiales).

Pese a que Maduro aseguró que tienen “cómo hacer (esta revolución), sabemos cómo hacerla, queremos hacerla y vamos a hacerla”, hay motivos para poner en dudas sus palabras.

En primer lugar, hay que recordar que hace apenas año y medio Maduro anunció otra reforma al sistema de administración de justicia que jamás se puso en marcha.

«Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros (…) que nadie se sienta ofendido o triste, pero tenemos que cambiar muchas cosas (…) Por eso me atrevo a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar a un cambio a todas las estructuras del Poder Judicial”, dijo en enero de 2020, al participar en el acto de inicio de actividades celebrado en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sin embargo, la cuestionada Constituyente se disolvió en diciembre de 2020 sin atender la petición presidencial.

¿Quinta mala?

Otro motivo para dudar de la efectiva de la “revolución” es que esta no es la primera vez en los últimos 20 años que la justicia sufre algún sacudón. Desde 1999 ha sufrido al menos cuatro grandes reformas o procesos de transformación, que han sido incapaces de resolver problemas como el retardo procesal y/o la corrupción.

Desde organizaciones como Acceso a la Justicia consideran que esta nueva iniciativa arrojará los mismos resultados. ¿La razón? “El principal problema del Poder Judicial es su falta de independencia e imparcialidad y sobre eso no habló Maduro. Los problemas del Poder Judicial no se reducen al retardo procesal y al hacinamiento. Estamos hablando de un Poder Judicial donde un abogado tiene que llevar el papel y la tinta para que le impriman una decisión, hablamos de un Poder Judicial que sufre los mismos cortes de luz y de Internet que afectan a la mayoría de los venezolanos; y de un Poder Judicial sin jueces nombrados como manda la Constitución. ¿Por qué no hablan de los concursos de oposición (para designar a los jueces)? Los problemas estructurales no los tocan, sino los síntomas”, afirmó Alí Daniels, coordinador de la agrupación dedicada a monitorear el sistema judicial.

80% de los más de 2.000 jueces que hay en el Venezuela son provisorios; es decir que son designados y removidos por el TSJ sin ningún tipo de procedimiento que respete el debido proceso. Un porcentaje que se eleva hasta el 100% en el caso de los fiscales y de los defensores públicos. Esto, a pesar de que la Constitución ordena que estos funcionarios sean designados mediante concursos de oposición.

La falta de estabilidad de los operadores del sistema de justicia los coloca a merced de influencias políticas, tal y como lo han denunciado instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más recientemente la propia alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“La información de que dispone el ACNUDH refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal. Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias”, denunció Bachelet en su informe de julio de 2020.

¿Por qué ahora?

Dos pueden ser los motivos por los cuales Maduro ha vuelto a poner su mirada sobre la justicia. El primero la posibilidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación por crímenes de lesa humanidad.

Bachelet, en 2020, acusó a los jueces y fiscales de fomentar las violaciones a los Derechos Humanos, en lugar de castigarlas. “Esta situación (en relación a la falta de independencia del Gobierno) impide que el Poder Judicial ejerza su función clave como un actor independiente en la protección de los Derechos Humanos y contribuye a generar impunidad y la persistencia de violaciones de estos derechos”, denunció.

Una segunda razón es que este año se vence el período a cinco de los 32 magistrados del TSJ y, por lo tanto, estas vacantes deberán ser cubiertas por la Asamblea Nacional. En la actualidad 29 de estos funcionarios están alineados con el Gobierno y un tercio de ellos fueron ministros, embajadores, diputados o están emparentados con otras autoridades, como lo denunció Transparencia Venezuela en una exposición en Londres en 2019.

 

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