Transparencia Venezuela, 18 de julio de 2023.- Lejos de ayudar, complicar. Este parece ser el objetivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al menos este es el sabor de boca que dejan medidas como el despojar a un juzgado penal de Caracas de sus competencias para conocer los casos relacionados con terrorismo, una decisión que en la práctica ha obligado a reiniciar completamente juicios como los que se le seguían al periodista Ronald Carreño o al director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona.
La noticia la dio el abogado penalista Alonso Medina Roa, representante de algunos de los acusados y quien acusó al máximo juzgado de provocar un “retardo procesal determinante” y violarles el debido proceso a los procesados.
El juez que estaba conociendo el caso, ya no puede seguirlo haciendo porque le quitaron la competencia de terrorismo y debe remitirle los casos a otro juez que sí tenga la facultad para conocer esos asuntos. Esto en base al principio de inmediación”, explicó el abogado a Suprema Injusticia.
¿Pero qué es el principio de inmediación? El artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal lo define así: “Los jueces o juezas que han de pronunciar la sentencia deben presenciar, ininterrumpidamente, el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento”.
Medina Roa explicó que el pasado viernes 14 de julio la Sala Plena del TSJ decidió arrebatarle al juez 8 de Juicio de Caracas, Aquiles Vera, quien además se desempeñaba como el juez 3 de Juicio con Antiterrorista Nacional. Asimismo, el organismo rector del Poder Judicial transfirió las potestades y asuntos a la jueza 29 de Juicio de Caracas, Alejandra Romero.
Esta información fue corroborada por el abogado Gonzalo Himiob, representante legal del director de Fundaredes, Javier Tarazona, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Al entrar en la ecuación otro tribunal, que no ha presenciado el debate y ante el que no se han presentado pruebas, todos los juicios deben básicamente empezar de nuevo” ().
Por tercera vez comienzan desde cero los juicios a Roland Carreño y Javier Tarazona: ¿La tercera será la vencida?
Para el periodista Ronald Carreño y el activista Javier Tarazona esta será la tercera vez que su juicio deba comenzar desde cero. Los constantes aplazamientos y suspensiones de audiencias que han afectado a ambos procesos obligaron a declararlos interrumpidos a finales de 2022 y, por ello, debieron retomarse desde el principio.
Sin embargo, en el caso de Ronald Carreño la medida supone un duro golpe, por cuanto este juicio ya se encontraba en la fase de conclusiones; es decir la etapa final del debate público y oral y solo restaban que el juez dictara sentencia.
La reforma que la Asamblea Nacional electa en 2020 realizó al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en septiembre de 2021 prometía ponerle fin a este tipo de situaciones, al reducir los lapsos para la celebración de las audiencias preliminares y de juicio y al reforzar la posibilidad de que se adoptaran medidas disciplinarias en caso de que las demoras fueran por culpa de los jueces, fiscales y defensores públicos.
No obstante, meses después la entrada en vigor de la modificación de la ley quedó claro que la reforma no afectaría a los casos en los que el Gobierno tuviera algún tipo de interés
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Esta observación fue corroborada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien en su último informe sobre el país denunció que “las continuas demoras en los procedimientos judiciales, incluidas las investigaciones, las audiencias y los enjuiciamientos (…) erosionan las garantías procesales y el debido proceso”.
El jurista austriaco destacó que en el último años tres causas contra personas acusadas de insurrección vieron como 93 audiencias era suspendidas.
“Sigue siendo motivo de preocupación el aplazamiento de las audiencias judiciales en estos casos, debido presuntamente a problemas en la notificación oportuna por las autoridades judiciales sobre los traslados de las personas detenidas de los centros de detención a los tribunales, entre otras cuestiones, lo que refleja la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades judiciales y los centros de detención. En un caso, las audiencias judiciales se aplazaron consecutivamente 14 veces desde el 9 de agosto de 2022 por causas relacionadas con problemas de coordinación entre las autoridades”, expuso.
La detención preventiva es una pena anticipada en Venezuela
El abogado Gonzalo Himiob exigió que su cliente y los otros afectados por la medida “administrativa” sean excarcelados, pues “mantener la prisión preventiva en estas circunstancias es convertir al proceso penal, que se supone que es una herramienta para la justicia y la determinación de la verdad por las vías jurídicas en una suerte de “castigo” o “pena” anticipada.
Pero Ronald Carreño y Javier Tarazona no son los únicos afectados, sino también los procesados por las llamadas “Operación Boicot” y “Aurora”.
