La elección de un Parlamento libre de la influencia del Poder Ejecutivo generó la expectativa de cambio a la crisis actual, la recuperación de la institucionalidad y de las instancias llamadas a defender los derechos que los venezolanos acusan como conculcados, sobre éste particular, Vestalia Sampedro, quien fuera parlamentaria hasta 2015, señala que las sentencias del TSJ llevan al país al borde del precipicio y están dirigidas a mutilar la Asamblea Nacional, sobre lo cual expresa que “Venezuela debe juzgar con toda severidad la actuación del TSJ y del gobierno de Maduro y ser sabia para restituir la democracia”.
La valoración de un delito evalúa la intencionalidad con que se comete, es por ello que premeditación y alevosía son agravantes de peso en la sanción de hechos punibles. Así debe juzgar Venezuela con toda severidad lo que está ocurriendo con él TSJ y el gobierno nacional.
Señaló Sampedro, que al revisar la intencionalidad, son evidentes las artimañas del gobierno post 6 de diciembre; al perder las elecciones parlamentarias usó a la bancada oficialista y violando todos los requisitos establecidos, designó nuevos magistrados para garantizarse una votación favorable cuando lo requiriese, tal y como ha venido ocurriendo, sin reparo alguno ante los ojos del país. «Torciendo el derecho no se puede dar la suprema felicidad » por el contrario las acciones así viciadas acarrearán sobre los protagonistas todas las consecuencias de sus actos.
En este orden, el TSJ en primer lugar ha anulado hasta ahora, la voz del pueblo de Amazonas afectando la mayoría calificada para las actuaciones del cuerpo. En un segundo lugar continúa desautorizando la sanción legislativa, con la aprobación del decreto de emergencia económica del presidente Maduro, que no ha dado ningún resultado en su aplicación, pero que le permite al Ejecutivo disponer libremente de los recursos públicos, acometer gastos sin sanción legislativa y aún más, comprometer las riquezas de la Nación sin la respectiva rendición de cuentas.
En tercer lugar declara inconstitucional la Reforma a la ley del BCV que restituía su disposición a los parámetros de la ley vigente en 2014, corrigiendo la reforma de 2015 acordada entre gallos y media noche por Maduro, cuando una vez pérdidas las parlamentarias, dictó un decreto ley violatorio de las disposiciones transitorias de la CRBV sobre la designación de la directiva del ente emisor, y sobre la obligatoriedad de información de las variables macroeconómicas por parte del BCV. Con ese exabrupto el TSJ pone en entredicho las acciones que se acometieron en la vigencia de esa norma. Ahora nuevamente actúa el TSJ sujeto a las órdenes del Presidente de la República sin ningún pudor y usurpando funciones, al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía.
Sampedro añade que “están al descubierto las pretensiones del gobierno con la complicidad del TSJ de impedir la restitución de la democracia, a través de la actuación de sus parlamentarios implementando los dispositivos establecidos en nuestra constitución, por tanto exhorta al pueblo a una acción contundente en respaldo de los mecanismos que se interpongan para lograr el anhelado cambio y finalice la destrucción económica, política, moral y social de nuestro país, evitando una confrontación fratricida”.
