Transparencia Venezuela, 15 de febrero de 2024. Solo 72 horas. Ese es el lapso que el Gobierno de Nicolás Maduro dio a los funcionarios que trabajan en la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para abandonar Venezuela, luego de que decidiera suspender sus actividades en el país, por considerar que esa instancia ha asumido “una actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”; y además se ha convertido en un “bufete particular de grupos golpistas y terroristas que permanentemente confabulan contra el país”.
La noticia la dio el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, en una breve rueda de prensa que ofreció este 15 de febrero de 2024 en la sede de su despacho y donde leyó un comunicado, en el que aseguró que en los próximos 30 días realizarán una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento que el Gobierno suscribió en 2019 con la entonces alta comisionada Michelle Bachelet para abrirla.
#Comunicado Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de… pic.twitter.com/6OUb85cCIf
— Yvan Gil (@yvangil) February 15, 2024
Sin embargo, cuando el funcionario fue consultado sobre qué norma o disposición habría vulnerado la oficina de la ONU en Caracas, el jefe de la diplomacia se limitó a decir que ha pretendido “a través de una serie de comunicados crear una especie de tutela a nuestros poderes públicos”.
Y acto seguido, exigió a esta instancia internacional cumplir con su obligación de “respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna”.
En los últimos días el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha sumado a las voces que condenan y denuncian la detención de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada; quien es señalada por el fiscal general, Tarek William Saab, de estar implicada en una conspiración para asesinar a Maduro.
En un primer comunicado el funcionario de la ONU abogó por “la inmediata liberación” de la defensora de Derechos Humanos.
#Venezuela: We are following up on the detention of human rights defender Rocio San Miguel with deep concern. Her whereabouts remain unknown, potentially qualifying her detention as an enforced disappearance. We urge her immediate release & respect for her right to legal defence.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 13, 2024
En un segundo mensaje, en la cuenta oficial de la oficina de las Naciones Unidas se solicitó que se le garantice el debido proceso:
#Venezuela: Following statements by the authorities, we note that Rocio San Miguel's place of detention – thus her whereabouts – has been confirmed & 4 relatives have been conditionally released. Due process guarantees, including right to defence, must be respected.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) February 15, 2024
También te puede interesar: Entre arrestos, diálogos y peticiones se desarrolló la primera visita del Alto Comisionado de la ONU
El reclamo incluyó a Ginebra
Pese a que el canciller Gil aseguró que la decisión no supone una ruptura con la oficina del Alto Comisionado y que “vamos a honrar nuestros compromisos internacionales”, el comunicado parece indicar otra cosa:
“Desde la firma de la referida Carta de Entendimiento, la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad”, se lee en el escrito.
En el comunicado parece que queda en claro que los últimos pronunciamientos de Volker Turk en relación con el caso de la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel no han sentado bien a las autoridades.
“Esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”, agregó, al tiempo que cuestionó su inacción en el caso del actual conflicto que se vive en la Franja de Gaza.
En la última semana Turk se ha pronunciado públicamente en al menos dos ocasiones en relación a la situación de Medio Oriente y que ha advertido que se puede producir “una carnicería” si Israel cumple su amenaza de atacar a la ciudad de Rafah, donde se concentran 1,5 millones de refugiados.
También te puede interesar: Las 4 recomendaciones de la ONU para que la corrupción en Venezuela deje de ser “generalizada”
Yván Gil también se quejó de que Volker Turk no se haya pronunciado a favor de los derechos humanos de Maduro y de los otros altos funcionarios que presuntamente serían blancos de acciones conspirativas que las autoridades aseguran haber desarticulado en los últimos meses.
Un mes para revisar las relaciones
Además de la suspensión de las actividades de la oficina y de la expulsión de los funcionarios de la oficina técnica, el Gobierno se dio un plazo de 30 días para “realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento”.
Las autoridades, en su comunicado, hacen un exhorto al Alto Comisionado de la ONU, Volker Turk, para que aproveche el próximo mes y revise su actuación respecto a Venezuela.
“Venezuela hace un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a retomar el respeto por la legalidad internacional, al tiempo que reitera su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”, se lee en el comunicado.
Transparencia Venezuela se une al rechazo que han expresado organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales a la decisión del gobierno venezolano de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado. Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas de violaciones de derechos humanos y disminuye la posibilidad de investigar, denunciar y hacer seguimiento a estas vulneraciones.
