Transparencia Venezuela presentó su informe para el Segundo Ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela, en el Período de Sesiones N° 26, mecanismo mediante el cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examina periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos por parte de los 193 Estados Miembros.
Se analizaron las obligaciones del Estado venezolano a favor de la transparencia, acceso a la información, programas sociales, dependencia judicial y la lucha contra la corrupción. Dicho informe, basado en el marco legal, se sustenta por investigaciones realizadas por la organización durante el periodo 2012-2016.
Según los tribunales venezolanos, especialmente las Salas Constitucional y Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los argumentos para limitar el acceso a la información son: la falta de legitimidad por parte de los solicitantes; la falta de justificación sobre la administración del control que se pretende ejercer; el amparo como vía no idónea; y el agotamiento de mecanismos judiciales previos. Venezuela no cuenta con una ley de acceso a la información, lo que restringe el conocimiento sobre la ejecución y la garantía de derechos. Durante el período comprendido desde 1999 hasta el 2014 se contabilizaron 60 normas que violan o limitan el derecho de acceso a la información pública.
En cuanto a las misiones sociales, se encontraron inconsistencias entre el número de viviendas construidas, las que según el Gobierno Nacional llegarían al millón antes de que acabara el 2015, sin embargo, datos propios de investigación dan una estimado de 650 mil viviendas construidas. Por otra parte, aproximadamente un 50% de los programas de salud se encuentran inoperativos y deficientes debido a la falta de medicinas, insumos, condiciones físicas y personal médico. A pesar de que el programa de alimentos Misión Alimentación ha generado grandes cantidades de distribución de productos alimenticios, buena parte de los productos han presentado descomposición.
Además, los programas sociales no han podido dar solución ni mejoras en cuanto a la inseguridad. Un ejemplo de esto, es la implementación de los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) en donde no se ha hecho más que vulnerar los derechos humanos de los habitantes en distinta zonas del país. Pese a los más de 65 operativos implementados aún no se tiene un registro de la cantidad de fallecidos ni detenidos. El año 2015 cerró con una tasa de homicidios de 27.875 muertes violentas. Mientras que la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz mencionó una cifra de 17.778 homicidios, por lo que se podría entender que la Misión A Toda Vida Venezuela (MATVV) no ha ayudado en la disminución de los índices de criminalidad en el país.
El 23 de diciembre del 2015, luego de la elección de nuevos diputados pero antes de asumir sus cargos, el viejo parlamento eligió a 13 magistrados más sus respectivos suplentes, violando el “procedimiento de designación” establecido en la Ley. Esto permitió la construcción de un Poder Judicial en favor del partido de gobierno. Se designó a diputados oficialistas como Magistrados, los cuales votaron por ellos mismos, a través de mecanismos violatorios de la Constitución y las leyes.
A pesar de la “constante lucha” contra la corrupción, por parte del gobierno, no se ha logrado la implementación de un programa planificado, amparado por la institucionalidad nacional, como resultado: Venezuela no cuenta con un programa Anticorrupción. Por su parte, Transparencia Venezuela presentó el «Programa Anticorrupción para Venezuela 2013-2019». La propuesta incluyó una lista de reformas necesarias para todo el ámbito del Poder Ejecutivo y el Estado venezolano en su conjunto, así como medidas específicas para sectores vitales de la población.
Otras formas de incentivos a la corrupción desde el Estado son: el control de cambio de divisas desde 2003, el control de precios y el control de importaciones. El control de cambio implementado por el Gobierno de Venezuela se ha convertido en una burocracia que asigna con mucha discreción los recursos en moneda extranjera a precio preferencial, el cual ha promovido la corrupción del sector público.
El rol de la Fiscalía y la Contraloría General de la República debería ser ofrecer los datos oficiales sobre el número de denuncias y condenas, sin embargo, estos son escasos e incompletos. La Fiscalía General de la República sólo se limita a dar un número general de sentencias condenatorias (27.127), personas imputadas (3565) y acusadas (3119). En su Informe Anual, la Fiscalía se refiere al Cuerpo Nacional Contra la Corrupción como una institución con la que se articuló para la investigación por irregularidades en PDVSA (contrabando de combustible), en la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y en la construcción de 6 hospitales. La Contraloría presenta sólo un cuadro general de casos recibidos, sin ningún detalle de la información.
La Fiscalía se ha negado a investigar casos como: Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Eladio Aponte Aponte, quien ofreció declaraciones detalladas de sus vínculos con narcotraficantes y de operaciones realizadas en Venezuela ; Ex ministro de Planificación Jorge Giordani, , expresó la desviación en el manejo de la Empresa Petrolera Nacional (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela, así como gasto excesivo y desorden dentro del gobierno ; Capitán de Corbeta Leamsy Salazar, denunció a Diosdado Cabello ante la DEA, en Washington, por narcotráfico de Cabello
El Estado ha incumplido con su obligación legal de publicar los siguientes indicadores:
- Indicadores macroeconómicos e Índice de Escasez (Banco Central de Venezuela)
- Datos sociales y demográficos (Instituto Nacional de Estadísticas)
- Cifras de desempeño financiero-fiscal (Ministerio de Finanzas)
- Informes periódicos de movimiento y situación del tesoro (Oficina Nacional del Tesoro)
- Boletín Epidemiológico Semanal (Ministerio de Salud)
Se recomienda al Estado Venezolano…
La derogación de normas y prácticas regresivas que condicionen la entrega de información pública, así como, la aprobación e implementación de la Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública. Es necesario aplicar todos los mecanismos que garanticen la autonomía e independencia del Poder Judicial de cualquier otro poder. El Gobierno Nacional debería aceptar la visita al territorio venezolano de representantes de organismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos. Todas estas recomendaciones con el fin de procurar el cumplimiento del acceso a la libre información.
PDF INFORME EPU TRANSPARENCIA 2016
