Transparencia Venezuela, 17 de agosto de 2022-. La lista de juicios que Venezuela deberá enfrentar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no para de crecer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió demandar al Estado venezolano por la detención arbitraria, desaparición forzada y torturas que sufrió Juan Pedro Lares, hijo de Omar Lares, exalcalde de Ejido (Mérida).
La decisión la anunció el organismo continental el pasado 5 de agosto, en un comunicado de prensa, en el que también informó que pedirá sentar en el banquillo de los acusados a la República de Venezuela por la manera cómo en 2017 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) destituyó y ordenó encarcelar a Lares, entonces jefe del ayuntamiento del municipio Campo Elías.
Este es el cuarto caso contra Venezuela que la CIDH lleva al juzgado con sede en San José (Costa Rica) en lo que va de 2022.
La desaparición forzada como práctica
En julio de 2017, mientras Omar Lares almorzaba en su casa con su esposa e hijos unos 200 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron, sin orden de allanamiento, pero él logró escapar gracias a la ayuda de su hijo mayor, Juan Pedro Lares, entonces de 23 años de edad.
Sin embargo, los funcionarios detuvieron al Juan Pedro Lares y apenas en agosto ese año se supo que estaba encarcelado en Caracas. Esto, a pesar de que la Constitución venezolana, en su artículo 44, garantiza a quienes sean aprehendidos la posibilidad de comunicarse de inmediato con sus familiares y representantes; y además obliga a las autoridades a notificar a los parientes y abogados del sospechoso el lugar donde se encuentra.
Por todo lo anterior, la CIDH concluyó que Venezuela “violó el derecho a la libertad personal de Juan Pedro Lares, mediante una detención ilegal y arbitraria, ya que él no fue encontrado cometiendo un delito, no existía orden en su contra, y no le informaron las razones de su detención”, señaló el organismo, el cual además consideró que la forma como fue capturado constituyó “una desaparición forzada, teniendo en cuenta que la detención fue llevada a cabo por agentes estatales de forma ilegal y arbitraria, sin incluir su nombre en el listado de detenidos y ocultando su paradero”.
Pero si lo anterior no fuera suficiente, durante el año largo que el joven estuvo privado de libertad fue amenazado y torturado por sus captores para que diera información sobre su padre, una práctica de los organismos de seguridad venezolanos que se repite en otros casos.
Por la violación de los derechos políticos de alcalde Omar Lares
La CIDH también consideró las actuaciones de la justicia venezolana contra el hoy exalcalde Omar Lares fueron irregulares y supusieron una violación a sus derechos políticos, en particular a la posibilidad de ejercer el cargo para el que fue electo.
Durante la ola de protestas antigubernamentales en Venezuela de 2017, el TSJ ordenó a 13 alcaldes y al entonces gobernador de Miranda, Henrique Capriles, que tomaran medidas para impedir el cierre de vías públicas y el levantamiento de barricadas, so pena de aplicarles la misma receta que tres años antes aplicó a los entonces alcaldes de San Cristóbal y San Diego, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, respectivamente; a quienes destituyó y encarceló por desacatar sus instrucciones.
📍También te puede interesar: Justicia amenazó a Capriles y a 13 alcaldes con encarcelarlos si no frenan las protestas
Por la persecución en su contra el exalcalde Omar Lares debió refugiarse en Colombia junto con su familia. Su hijo mayor se les unió en 2018, tras ser excarcelado dentro del supuesto plan de reconciliación nacional impulsado por la extinta y cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
La CIDH exige a Venezuela frenar y castigar las ejecuciones extrajudiciales
