Transparencia Venezuela 19 de septiembre de 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demandado al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la vulneración de los derechos políticos y las garantías judiciales de tres parlamentarios opositores por el Estado Amazonas.
En un comunicado de prensa, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que decidió presentar una querella contra Venezuela por el trato que se le dio a Norma Guarulla Garrido, Julio Haron Ygarza, y Romel Edgardo Guzamana.
“La Comisión observó que las víctimas no pudieron asumir los cargos para los que fueron electos en 2015, y que el proceso aún no ha finalizado”, se lee en el informe de admisibilidad, en el cual se agrega que “la duración del proceso, que impidió que las víctimas tomaran posesión definitiva de sus cargos, fue contraria a las garantías y protección judiciales. Esto impactó tanto el derecho al sufragio activo como pasivo, y, en última instancia, afectó el derecho de las víctimas a ejercer sus cargos”.
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Y, por ello, solicitó a la Corte que condene a Venezuela a indemnizar integralmente a los tres exdiputados por los daños morales y materiales sufridos y que se le ordene tomar medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro, entre ellas establecer plazos razonables para que los recursos contenciosos electorales deban ser resueltos por el TSJ.
Esta demanda es la cuarta contra el Estado que la CIDH lleva al juzgado continental en lo que va de 2024.
Sobre los diputados del Estado Amazonas
Garrido, Ygarza y Guzamana fueron electos diputados en los comicios parlamentarios celebrados en 2015, en los cuales la oposición ganó, por primera vez en tres lustros, la mayoría en la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió la mayoría calificada de 2/3 partes, la cual es requerida para realizar reformas o enmiendas a la Constitución o para aprobar y reformar leyes orgánicas.
Sin embargo, antes de que el nuevo Parlamento se constituyera el 5 de enero de 2016 la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en la cual suspendió la posesión de los cuatro representantes por el estado selvático. La medida también afectó al único representante del oficialismo. ¿La razón? Unas denuncias de compra de votos y otras irregularidades que presentó la candidata Nicia Maldonado.
En un principio el Parlamento ignoró el dictamen. Sin embargo, una posterior decisión del máximo juzgado declarando en “desacato” al Legislativo y anulando sus decisiones forzó a su desincorporación.
