Transparencia Venezuela, 22 de diciembre de 2023-. Los abogados del Estado tendrán mucho trabajo en los próximos meses. Y no sólo por la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) autorice definitivamente a su Fiscalía a reanudar sus averiguaciones respecto a Venezuela, sino porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado tres demandas contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Las querellas fueron presentadas entre agosto y septiembre de 2023, pero apenas fue entre el 12 y 13 de diciembre que el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) informó sobre ellos. Estos procesos se suman a los otros siete que ya cursan en el juzgado con sede en San José (Costa Rica), de acuerdo con la información disponible en su sitio web.
El primer caso es el relacionado con las irregularidades que rodearon el inicio del proceso judicial seguido contra los comisarios jubilados de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Juan Bautista Guevara Rodríguez, Rolando Jesús Guevara Pérez y Otoniel José Guevara Pérez, informó la CIDH en un comunicado de prensa.
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Los hermanos Guevara fueron detenidos en noviembre de 2004 señalados de ser los autores materiales del atentado que el día 18 de ese mismo mes acabó con la vida del fiscal 4 Nacional, Danilo Anderson. Sin embargo, no fueron aprehendidos en flagrancia ni tampoco se les mostraron ordenes de captura. Para rematar “fueron llevadas a un paradero desconocido en donde se les sometió a actos de tortura durante varios días mientras se les interrogaba” sobre el bombazo registrado en la capitalina urbanización Santa Mónica.
Las denuncias de los familiares de los comisarios fueron ignoradas por las autoridades judiciales y tras un polémico juicio en diciembre de 2005 fueron condenados a 27 años de prisión. Un par de años después el testigo estrella empleado para involucrarlos en el asunto y para sustentar las averiguaciones contra los presuntos autores intelectuales, Giovanny Vásquez de Armas, admitió que había sido entrenado por los fiscales que investigaron el caso para decir lo que dijo. Una versión que fue respaldada por el exfiscal Hernando Contreras, quien participó en las pesquisas en un primer momento.
Tras haber tenido el caso desde 2005, la CIDH concluyó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal de los exfuncionarios y calificó de “arbitraria” su detención, ya que no fue registrada inicialmente y las víctimas fueron llevadas a un paradero desconocido.
Entre las medidas que la Comisión pide al juzgado con sede en San José (Costa Rica) que ordene a Venezuela figura “dejar sin efecto las consecuencias de la sentencia condenatoria” en contra de Juan Bautista Guevara Rodríguez, Rolando Jesús Guevara Pérez y Otoniel José Guevara Pérez, así como los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales, que existan en su contra a raíz de dicho proceso.
Los parientes se muestran esperanzados
La decisión fue aplaudida por los familiares de los comisarios.
“Estamos esperanzados porque nos dan la razón sobre todo lo que hemos dicho durante estos 19 años en cuanto a la ilegitimidad y arbitrariedad de su detención, sobre el hecho de que han sido torturados física y psicológicamente no solamente al inicio de este proceso sino a lo largo de él. También sobre el fraude procesal (por el testigo falso) y las irregularidades que sigue cometiendo el Gobierno en relación con la aplicación de los beneficios procesales”, afirmó a Suprema Injusticia, Jacqueline Sandoval, esposa de Ronaldo Guevara.
Ya en 2021 el Grupo de Trabajo Arbitrario de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias también calificó de ilícita la detención de los comisarios e instó a Venezuela que los liberara, una solicitud que las autoridades han ignorado.
Casi dos décadas después del asesinato de Anderson las autoridades han sido incapaces de identificar a los responsables de orquestar el crimen.
Los otros dos casos
El 22 de agosto la CIDH remitió a la Corte el caso de Jesús Rondón Gallardo, un defensor de los derechos del colectivo LGBTI, quien en 2016 fue víctima de ataques y amenazas por denunciar la falta de medicamentos antirretrovirales de 30 personas con VIH en Mérida y de leche de fórmula para hijas e hijos de las madres con VIH, así de reactivos para exámenes de seguimiento de las personas diagnosticadas con VIH positivo.
Luego de las denuncias Rondón sufrió diversos hechos de violencia, hostigamientos y amenazas por parte de motorizados que, según afirmó, eran parte de los “colectivos armados”. Y pese a que denunció estos hechos ante las autoridades las mismas no tomaron cartas en el asunto; y, por ello, acusó al Estado de violarle de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de expresión, circulación y residencia, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial al denunciante.
El tercer y último caso se refiere a la detención ilegal y a las torturas que sufrió Jorge Rojas Riera a manos de agentes de la extinta Disip.
Rojas Riera fue detenido el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira, por agentes del actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante una protesta y fue llevado a El Helicoide, donde fue golpeado y maltratado. Posteriormente fue condenado por un tribunal a cuatro años y medio de cárcel.
Tras investigar el caso, la CIDH determinó que el Estado “no pudo demostrar que Rojas Riera estuviera armado en su detención, por lo cual, al no existir una situación de flagrancia, y no haber controversia de que no existía una orden judicial, la Comisión consideró que la detención resultó ilegal”, se lee en el comunicado difundido el pasado 13 de diciembre por el organismo continental.
La instancia acusó a Venezuela de violarle sus derechos a la libertad, a la integridad, a la reunión pacífica y a las garantías judiciales al denunciante.
