Transparencia Venezuela, 27 de junio de 2024. Solicitar información al organismo equivocado y demoras a la hora de enviar las solicitudes de información a la instancia correcta. Estas son las razones que mantienen casi paralizada una demanda patrimonial contra la República que reposa en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que desde hace casi cinco años está en fase de sentencia.
Así se desprende del fallo número 417 que la Sala Político Administrativa del TSJ dictó el 20 de junio de 2024, en el cual la instancia pidió, por tercera vez, información a un organismo gubernamental y a los tribunales penales para tomar una decisión.
La querella, que data de 2012, fue presentada por el Banco Nacional de Crédito (BNC), institución que había otorgado cuantiosos créditos a las empresas Venarroz R.S.A, C.A.; Fextun Fábrica de Exquisiteces de Atún, S.A.; Ganadería Jengibral y Zapatico, C.A.; Industria Venezolana Maizera Proarepa, C.A.; Almacenes y Transportes Cerealeros A.T.C., C.A.; Productos y Financiamientos Agrícola Profinca, C.A.; y a la Industria Venezolana Maicera Pronutricos, C.A.
Todas las firmas mencionadas pertenecían al empresario Ricardo Fernández Berrueco, pero fueron intervenidas por el Estado en 2009, a raíz del proceso judicial al que se sometió al entonces considerado como el máximo exponente de la llamada “boliburguesía”.
La “boliburguesía” fue la nueva casta social y empresarial que surgió a principios del siglo en Venezuela al amparo de sus conexiones con el Gobierno del fallecido Hugo Chávez y gracias a la bonanza petrolera.
Sin embargo, los administradores públicos incumplieron con los pagos de los intereses y del capital de los créditos; y, por ello, la institución financiera BNC presentó una querella contra ellos ante la Sala Político Administrativa.
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¿Qué pasó con las empresas intervenidas?
En 2014 la justicia venezolana sobreseyó la causa a Ricardo Fernández Berrueco y levantó las medidas que se le impusieron, entre ellas las restricciones a su libertad y el “régimen de administración especial” (intervención) contra sus empresas. Pero el BNC ha seguido sin recibir los pagos por los créditos otorgados y, por ello, en 2019 la Sala Político Administrativa pidió al Tribunal 28 de Juicio de Caracas que le remitiera copia del fallo a favor del empresario.
Asimismo, solicitó al Ministerio de Finanzas que le informara si las empresas de Fernández Berrueco seguían bajo control estatal o no. Este último organismo respondió, pero indicó que no manejaba esa información y que el TSJ debía dirigirse al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, instancia dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
El máximo juzgado envió el requerimiento, pero apenas lo hizo en junio de 2022; es decir casi tres años después y hasta ahora no ha recibido respuesta.
En septiembre de 2023, en su sentencia 825, la Sala Político Administrativa pidió de nuevo al juzgado penal la copia del expediente y el tribunal se excusó indicando que estaba en la Sala 4 de la Corte de Apelaciones.
En virtud de que no ha recibido respuesta la instancia ha insistido. Así que pidió a la Sala 4 de la Corte de Apelaciones que le informe el estatus del juicio contra Ricardo Fernández Berrueco.
También solicitó información sobre quién está al frente de las compañías que eran propiedad del empresario al Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados,
Y para evitar nuevas demoras en esta ocasión, los magistrados de la Sala Político Administrativa recordaron que cualquier incumplimiento será castigado con la sanción prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ, que la faculta a imponer multas de hasta 200 euros o la divisa de mayor valor, según el Banco Central de Venezuela (BCV).
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Ricardo Fernández Berrueco, el “rey de Mercal”
Fernández Berrueco comenzó a ganar notoriedad en el paro petrolero de 2002, cuando prestó su flota de camiones a las autoridades para transportar alimentos.
A partir de allí comenzó a hacerse con contratos públicos y a fundar empresas, muchas de ellas simples empaquetadoras de productos importados, que eran vendidos a través de los desaparecidos Mercados de Alimentos (Mercal) o de la controvertida Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, Pdval.
El empresario llegó a tener 41 firmas en Venezuela, 29 en Panamá y dos más en Ecuador relacionadas al sector pesquero, según informaciones periodísticas.
Pero la decisión de Ricardo Fernández Berrueco de incursionar en el sector financiero lo llevaría a la cárcel. Entre 2008 y mediados de 2009 adquirió cuatro bancos: Banpro, Canarias (ambos liquidados ahora), Confederado y Bolívar (estos últimos sirvieron para fundar el Bicentenario). Y también tuvo la Casa de Bolsa U21.
Incluso llegó a pujar por la empresa de telefonía Digitel, aunque no lo consiguió.
Todo su imperio fue intervenido en 2009, durante la minicrisis financiera que sufrió Venezuela y él fue detenido por estafa.
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