Transparencia Venezuela, 17 de junio de 2024. El diablo está en los detalles. Los representantes de la firma BC&A Ingenieros Consultores, C.A. han corroborado la veracidad de este refrán, pues una “disparidad” en unas cifras sirvió de excusa al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rechazar una demanda que presentaron por incumplimiento de contrato contra el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).
En su sentencia número 58, del 12 de junio de 2024, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa declaró “inadmisible” la demanda.
La firma le reclamaba al IFE, organismo encargado de la construcción y gestión de las líneas férreas, USD 3.898.809,52, más intereses moratorios del 12% previstos en el Código de Comercio.
Sin embargo, en otros documentos la empresa aseguraba que estaba exigiendo al Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), US$ 9.000.000 por quebrantar un acuerdo. Y de esto se agarró el TSJ para enviar a la papelera el asunto.
“Visto lo anterior, este órgano sustanciador aprecia una disparidad en las sumas dinerarias demandadas, expresadas en las documentales relacionadas con el antejuicio administrativo y en el libelo de demanda, lo cual lleva a este Juzgado a sostener que no existe identidad entre el monto reclamado en vía administrativa y el pretendido en sede judicial, lo que en estricto cumplimiento del criterio sentado por la Sala Político-Administrativa de este máximo tribunal, en decisión número 0481 del 29 de abril de 2015, y con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con los artículos 68 y 74 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, conduce a este Juzgado a declarar inadmisible la demanda incoada en los términos antes expuestos”, se lee en el fallo.
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Un regaño para el abogado que interpuso la demanda contra el instituto de ferrocarriles
Pese al revés, el Juzgado de Sustanciación dejó en claro que su decisión no supone necesariamente el fin de la reclamación al IFE
“Se advierte que el pronunciamiento proferido no obsta para que el accionante interponga nuevamente la demanda, con la debida acreditación del cabal cumplimiento de la mencionada exigencia (igualdad de las cifras)”, se agrega en el dictamen.
Sin embargo, la instancia reprendió al abogado que interpuso la acción contra el instituto de ferrocarriles del Estado venezolano (Antonio Callaos Farra). ¿La razón?:
“Ha interpuesto demandas de contenido patrimonial contra la República, en diferentes oportunidades, actuando en representación de diversas sociedades mercantiles, incurriendo en el mismo error advertido numerosas veces por este Órgano Sustanciador, referido a la disparidad entre los montos reclamados en vía administrativa y vía jurisdiccional, por lo tanto, se insta al mencionado profesional del derecho, a que en siguientes oportunidades, a fines de dar cumplimiento con tal exigencia, tome en cuenta las observaciones realizadas por esta Sustanciadora”, se lee en la decisión.
Una inspección al tramo Anaco-Dos Caminos que jamás se pagó
En 2013 la empresa BC&A Ingenieros Consultores consiguió un contrato con el IFE para realizar una inspección técnica a las obras del tramo del sistema ferroviario Anaco-Dos Caminos.
La firma asegura que realizó lo encargado y presentó los respectivos informes al organismo público. No obstante, desde el IFE no le cancelaron los US$3.898.809,52 acordados. Y tras acudir en reiteradas ocasiones en los últimos años a la instancia, para intentar hallar una solución amistosa al conflicto, decidieron demandar judicialmente a la República.
