Transparencia Venezuela, 1 de marzo de 2021.- “Ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. La Contraloría General de la República aplica a rajatabla este refrán popular, pues el pasado 23 de febrero anunció que había inhabilitado a 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional electa en 2015, porque no cumplieron con su obligación legal de informar sobre su patrimonio. Sin embargo, el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos obvió que tiene tres años, desde 2017, sin cumplir con el mandato constitucional y legal de presentar su informe anual de gestión ante la Asamblea Nacional.
El contralor designado por la cuestionada Constituyente, Elvis Amoroso, anunció que sancionó a los diputados Marcos Quiñones, Armando Armas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo de Grazia, Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Richard Blanco, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido, German Ferrer, Jesús Alexis Paparoni, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores, Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y José Manuel Olivares por no presentar su Declaración Jurada de Patrimonio.
“Hace aproximadamente un mes, acudimos a la AN a fin de realizar un llamado y un exhorto a todos los diputados salientes y entrantes a que realizaran su obligatoria Declaración Jurada de Patrimonio. De estos, un grupo de diputados desafortunadamente se niega a ponerse frente al pueblo y hacer su Declaración ante el Órgano Contralor”, justificó el funcionario.
El artículo 23 de la Ley contra la Corrupción establece que los funcionarios públicos de elección popular, aquellos que administran fondos y/o que pueden suscribir contrataciones públicas “deberán presentar declaración jurada de su patrimonio dentro de los treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de sus cargos y dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de empleos o funciones públicas”.
Asimismo, el artículo 33 del mismo instrumento castiga con multas de entre 50 y 500 unidades tributarias a quienes incumplan esta obligación. Pero el artículo 39 también prevé que quienes no realicen este trámite quedarán inhabilitados por hasta 12 meses para el ejercicio de cargos públicos de elección o designación.
El 22 de enero de 2021, el diputado electo en 2015, Luis Florido denunció a través de Twitter que la página para hacer la declaración jurada de patrimonio estaba bloqueada. “Desde 2016, cómo establece la Constitución y la ley, hacemos nuestra Declaración Jurada de Patrimonio ante la Contraloría. Este año, la página ha estado bloqueada para nosotros, hacer esta declaración es muy importante para quienes servimos a Venezuela con pulcritud y patriotismo”.
Una vez conocida la decisión de la CGR, Florido manifestó que a pesar de que pudo hacer la declaración jurada fue inhabilitado igualmente. “Sabíamos que la decisión era inhabilitarnos aún habiendo presentado nuestra declaración jurada en los lapsos establecidos. El régimen que ha destruido al país y sus instituciones estos 22 años, nos impide nuestros derechos”.
Por su parte, la Contraloria Especial de la República designada por Juan Guaidó, solicitó a los integrantes del Gobierno Interino, incluyendo a los diputados electos en 2015,hacer su declaración jurada de patrimonio a partir del 1 de marzo a traves de la direcion https://www.consejodecontraloria.org/djp/auth
¿Doble rasero?
En el caso de los diputados, Elvis Amoroso actuó con una inusual celeridad, pues nada más instalado- el pasado 5 de enero- el nuevo Parlamento, ahora dominado por el chavismo, abrió el procedimiento para presentar la Declaración Jurada de Patrimonio y en dos ocasiones a lo largo del mes instó a los legisladores electos para el período 2015-2020 que cumplieran este procedimiento, no sin antes advertir que sancionaría a quienes no lo hicieran.
No obstante, la actuación del Contralor frente a los parlamentarios contrasta con su omisión a la hora de cumplir con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que lo obliga a presentar un “informe anual ante la Asamblea Nacional, en sesión plenaria”.
Desde 2018 el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos no ha llevado ante la Asamblea Nacional su reporte de actividades correspondientes al ejercicio anterior y tampoco lo ha publicado en su página web, tal y como constató Transparencia Venezuela al revisar el sitio de la instancia.