Transparencia Venezuela, 11 de febrero de 2019.- La celeridad que imprimió el contralor general designado por la cuestionada Constituyente, Elvis Amoroso, para iniciar un procedimiento sobre las cuentas del presidente encargado Juan Guaidó, está reñida con la efectividad “cero” mostrada por ese organismo a la hora de enfrentar la corrupción, pues solo ha iniciado unos cuantos procedimientos a funcionarios de bajo rango, dejando de lado las investigaciones de casos notorios que involucrarían a personal del más alto nivel del Estado.
“Considerando que Juan Guaidó presuntamente ocultó o falseó datos en su declaración jurada de patrimonio, en facultades de contralor, se ordena el inicio del procedimiento de auditoría patrimonial de Juan Guaidó”, anunció Amoroso, quien antes de ser impuesto en el cargo de contralor general, había sido diputado por el PSUV, consultor jurídico del Palacio de Miraflores y candidato a la cuestionada Constituyente en 2017.
La rapidez de la actuación no se corresponde a las cifras que llegó a exhibir públicamente la Contraloría General de la República (CGR) en procedimientos similares al iniciado contra Guaidó.
Durante el ejercicio fiscal de 2017, la CGR recibió 445.344 declaraciones juradas de patrimonio, de las cuales 436.841 corresponden a funcionarios o empleados públicos. En ese entonces se iniciaron solo 10 procedimientos de verificación patrimonial (según el artículo 29 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.155 Extraordinario de fecha 19 11 2014). Es decir, fueron verificados 0,002% de los casos.
En 2016, solo dos (2) funcionarios de 372.358 que presentaron su declaración jurada fueron objeto de auditoría patrimonial. En ese entonces el porcentaje de verificación para establecer si hubo o no corrupción en el ejercicio de los llamados servidores públicos fue de 0,0005%.
Ese porcentaje es menor al registrado en 2015, año en que la CGR alcanzó 0,006%, pues de las 455.405 declaraciones juradas de patrimonio recibidas, solo se iniciaron 27 procedimientos para verificar si los funcionarios podían justificar sus ingresos.
El 7 de octubre de 2018, el entonces contralor general Manuel Galindo Ballesteros dijo en un programa de televisión que hasta junio de ese año había “unos 1.600 funcionarios incursos en procedimientos administrativos, incluso de alto nivel” y que “alrededor de 300 han sido llevados a Fiscalía”. Sin embargo, no existen registros sobre esa información.
Tampoco se refleja en ningún informe de gestión de la CGR (del año 2016 ni en los anteriores) el inicio de alguna auditoría por irregularidades en el Saime, o en los grandes contratos asignadas a la empresa Odebrecht o negociaciones celebradas con Pdvsa. Mucho menos en lo referente a la importación de alimentos para las cajas CLAP, o el uso del control cambiario para el enriquecimiento personal de altos funcionarios, solo por mencionar algunos.