Un patrón que se repite: presos muertos bajo custodia del Estado venezolano

Transparencia Venezuela, 18 de diciembre de 2024. “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos”. Este es el mandato contemplado en el artículo 272 de la Constitución de Venezuela. Sin embargo, en cuestión de días, se ha anunciado la muerte de tres detenidos en el contexto de la represión a las protestas que surgieron tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El pasado 15 de diciembre Osgual Alexander González Pérez, de 43 años, falleció según informó la organización Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) citando a sus familiares.

González Pérez fue detenido el pasado 1 de agosto en el estado Lara junto a su hijo, de 19 años, y ambos fueron enviados a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

De acuerdo con la información recabada por el OVP, durante “los primeros días de reclusión Osgual presentó síntomas de depresión y durante el mes diciembre fue hospitalizado por presentar un fuerte dolor abdominal, que en el penal indicaron que se trató de un cólico nefrítico, pero todo parecía indicar que se trataba de una hepatitis. Su familia denunció que la atención médica fue tardía y que además no le daban información precisa sobre el padecimiento”.

Las autoridades venezolanas no dieron de inmediato ninguna versión sobre esta muerte ni  informaron sobre las causas que la han podido producir.

Tres muertes en prisión en un mes 

Apenas 72 horas antes de que se conociera el deceso de González Pérez, el OVP había anunciado la muerte de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, quien también se encontraba privado de libertad en la misma penitenciaria desde el pasado 2 de agosto, cuando fue aprehendido junto a su esposa, Anny Suárez de Álvarez, en la localidad del Callao, estado Bolívar, al sur del país.

Hasta el momento ni el Ministerio Público ni el Ministerio del Servicio Penitenciario han ofrecido ninguna explicación sobre lo ocurrido con Álvarez.  Sin embargo, su hijo, Jesús Álvarez, consideró que la muerte de su padre se debió al trato que le dieron durante su reclusión.

“Mi papá era una persona sana, no padecía de nada. Allí lo castigaban solo por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y lo amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban. A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel”, declaró.

Tras denunciar que ninguna autoridad le informó del deceso, sino que se enteró por las redes sociales, el joven Jesús Álvarez aseguró que tuvo que reconocer a su padre por una foto.

Asimismo reveló que en la gráfica su progenitor lucía irreconocible: demacrado, con barba, extremadamente delgado y tenía el pómulo hinchado, con signos evidentes de un golpe, relató a Efecto Cocuyo.

Horas después el Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) aseguró que Álvarez fue sepultado en presencia de su hijo, Jesús Alejandro, y bajo la supervisión de funcionarios del Estado venezolano.  A la esposa, quien sigue detenida en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en El Callao, no le permitieron asistir ni tampoco a las hijas menores de la pareja.

Esta ola de decesos de detenidos se inició el pasado 14 de noviembre, cuando Jesús Martínez Medina, quien fue testigo electoral y miembro del partido Vente Venezuela, murió en el Centro Médico Luis Razetti, en el estado Anzoátegui.

Martínez Medina estaba detenido desde el pasado 2 de agosto y fue señalado por el Ministerio Público de haber participado en hechos violentos durante las protestas postelectorales. Su deceso se produjo debido a complicaciones por la diabetes tipo 2 que padecía, que según sus familiares no fueron atendidas correctamente.

Sin embargo, desde el despacho dirigido por Tarek William Saab han negado esta última versión asegurando que en un comunicado que hicieron todo lo posible por garantizarle su vida al aprehendido.

“Esta persona, a pesar de encontrarse preventivamente privada de libertad, estaba hospitalizada desde el día 11 de octubre, por padecer diabetes tipo 2. Vale destacar que durante todo ese tiempo contó con la debida atención médica y se le suministraron los medicamentos y demás tratamientos que su condición de salud ameritaba”, se lee en el comunicado.

Estos casos se suman a los 20 que se han registrado en Venezuela desde 2015, cuando se conoció se suicidio de Rodolfo González en su celda de El Helicoide, donde permanecía recluido desde 2014 por supuestamente ayudar a orquestar las protestas antigubernamentales que ese año sacudieron al país.

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Nuevas excarcelaciones

 Minutos después de que se anunciara la muerte de Osgual Alexander González Pérez, el Ministerio Público informó de una nueva ola de excarcelaciones de personas detenidas luego de las elecciones presidenciales.

El despacho de Saab aseguró que “entre los días 10 al 14 de diciembre solicitó, y fueron acordadas por el Poder Judicial, 179 revisiones de medidas a procesados” y que con ellas unas 533 han salido de prisión.

Esas cifras han sido puestas en dudas por organizaciones como el Foro Penal Venezolano.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se refirió a estas medidas en su más reciente actualización oral sobre la situación venezolana, que presentó el pasado 13 de diciembre al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Aunque Türk calificó de “paso importante” estas excarcelaciones, demandó de los funcionarios venezolanos “la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales”.

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