Transparencia Venezuela, 23 de mayo de 2023. Once meses, es decir casi un año. Este fue el tiempo que le tomó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidirse a revisar el caso de un militar, cuya detención preventiva lleva ya cerca de 4 años, más allá de los 3 años máximos que permite el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Esto, a pesar de que la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal dictada en 2021 señala claramente que este tipo de procedimientos no se pueden extender más allá de 96 horas.
En su sentencia número 370 del 28 de abril de 2023, la Sala Constitucional del TSJ inició la tramitación de la acción de amparo que los abogados Elías Antonio Castro Guerra y María del Carmen Navas Alvarado, representantes del teniente de navío Rigoberto Pinzón Palencia, interpusieron en junio de 2022 contra la omisión en la que incurrió la Corte Marcial, al no entregar a la defensa copia de la sentencia en la que rechazó un recurso que interpusieron para conseguir la excarcelación de su defendido.
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“Visto que los amparos contra decisiones, actuaciones u omisiones de pronunciamientos judiciales deberán ser conocidos por los jueces superiores de los señalados como presuntos agraviantes, y que en el presente caso la pretensión de amparo se ejerce contra la Corte Marcial (…), siendo coherentes con lo anteriormente señalado, esta Sala Constitucional resulta competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional incoada, en única instancia constitucional”, se lee en el dictamen redactado por el magistrado Luis Damiani Bustillos, en el cual se ordena al Juzgado Militar 5 de Control de Aragua que le envíe el expediente para su revisión.
Le imputan 8 delitos por los sucesos del 30 de abril en La Carlota
El teniente de navío Rigoberto Pinzón Palencia fue detenido el 30 de abril de 2019 señalado de estar implicado en los sucesos ocurridos ese día en las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota de Caracas , cuando un grupo de uniformados y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se rebelaron en contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El militar, quien laboraba en la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), fue imputado el 2 de mayo de 2019 por la Fiscalía Militar por la presunta comisión de los delitos de instigación a la rebelión, motín, abandono del servicio, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada, traición a la patria, desobediencia agravada, uso indebido de armas de fuego y contra el decoro militar. En ese acto un juez castrense decidió privarlo preventivamente de su libertad y enviarlo a la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques).
Para el momento en que los abogados de Pinzón Palencia acudieron al TSJ éste había pasado tres años y un mes detenido, sin que hubiera sido enjuiciado ni condenado, más del tiempo permitido por el artículo 230 del COPP.
El encarcelamiento del militar ya supera los cuatro años. No obstante, la justicia militar ha rechazado, en reiteradas ocasiones, las solicitudes de la defensa para que el uniformado sea excarcelado.
Y si lo anterior no fuera suficiente la Corte Marcial se ha negado a suministrarles a sus defensores copia de sus fallos, una actitud que les impide a los abogados la posibilidad de ejercer otros recursos legales para combatir la “amenaza latente al derecho a la libertad” que pesa sobre su cliente.
En septiembre de 2019 se autorizó el pase a juicio del teniente de navío Rigoberto Pinzón Palencia, pero hasta la fecha no se ha iniciado, denunciaron sus defensores.
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