Al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no le agradan los medios de comunicación. Así lo ha dejado en claro a lo largo de estos años en sentencias en las cuales ha censurado determinados temas o se ha negado a tomar medidas para facilitar el acceso a determinadas informaciones. Sin embargo, en 2014 cuando rechazó ampararlos enfrente a la negativa del Gobierno de entregarles divisas para seguir operando quedó patente que su animadversión llega al punto de estar dispuesto a dejarlos morir de mengua.
La Sala Constitucional, en su sentencia 702 del 13 de junio de 2014, desechó la acción de amparo que el entonces presidente de Copei, Roberto Enríquez, interpuso seis meses antes contra los ministros de Petróleo, de Comercio, de Finanzas y los presidentes del Banco Central de Venezuela (BCV) y del Centro de Comercio Exterior (Cencoex), Rafael Ramírez, Dante Rivas, Marcos Torres, Nelson Merentes y Alejandro Fleming, respectivamente; por atentar contra la libertad de expresión al no entregar las dólares y euros para que la prensa impresa pudiera adquirir en el exterior el papel, la tinta y los demás materiales para seguir circulando.
La Sala, en el fallo que redactó su presidenta, la magistrada Gladys Gutiérrez, negó que «las políticas económicas en materia cambiaria que viene implementado el Ejecutivo Nacional (…) menoscaben o amenacen menoscabar el derecho a la libertad de expresión» y agregó: «Dicha política económica refleja la finalidad de consolidar mecanismos más flexibles y seguros que faciliten el acceso a las divisas por parte de todos los sectores económicos para el fortalecimiento de la economía nacional, lo cual redunda en calidad de vida y bienestar general de la población venezolana».
Para sustentar su opinión el TSJ destacó las subastas de dólares que el Gobierno puso en marcha en 2014 a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), de las cuales dijo «responden a las necesidades reales y efectivas del país» y «en cuyas operaciones cambiarias (…) también ha participado el sector papel».
En el Sicad se ofertaban divisas a 50 dólares por dólar, mientras que el precio oficial era de 6,3. Sin embargo, el sector papel jamás recibió un centavo a través de ese mecanismo. El 29 de enero de 2014 se convocó una subasta en las que las editoriales pudieron ofertar, pero la misma fue anulada. Pese a que esta situación fue expuesta por los accionantes la Sala insistió en su postura. «La operatividad del Sicad II (…) mediante el cual (…) todas las personas jurídicas legalmente constituidas podrán acceder a este especial mecanismo cambiario (…) hace patente la potencial participación de las empresas del sector papel en las subastas».
Desde 2013 decenas de diarios han dejado de circular temporal o totalmente y prácticamente la totalidad ha tenido que reducir paginación y tiraje.
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