Transparencia Venezuela, 10 de mayo de 2022.– 12 de mayo, 11 de la mañana. Esas son la fecha y hora en las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebrará la audiencia del juicio relacionado con la decisión del Gobierno venezolano de cancelar el contrato a la constructora brasileña Odebrecht (ahora C.N.O) para construir el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo.
La información sobre la demanda iniciada por Odebrecht contra el Estado venezolano figura en la agenda de actos orales y públicos que la Sala Político Administrativa del TSJ tiene previsto celebrar esta semana.
En el Informe Odebrecht 2018 publicado por Transparencia Venezuela, y para el cual se revisaron los presupuestos nacionales, las leyes de endeudamiento, créditos adicionales publicados en Gaceta Oficial e informes de distintos organismos públicos, se afirma que el Estado venezolano canceló a la constructora más de USD 13.000.000.000 por 18 obras, entre ellas el segundo puente sobre el Lago y el tercero sobre el Orinoco.
No obstante estos pagos, el grueso de estas obras están muy lejos de su culminación.
En Venezuela Odebrecht es la que demanda
La disputa entre Odebrecht y el estado venezolano estalló el 11 noviembre de 2019, cuando el Ministerio del Transporte venezolano emitió su resolución número 41, en la cual ordenaba la “rescisión unilateral del contrato S/N del 2 de octubre de 2008, para la Construcción del Segundo Cruce sobre el lago de Maracaibo”, también conocido como Puente Nigale, en virtud de los incumplimientos de la empresa. La constructora Odebrecht, por su parte, solicitó al organismo que reconsiderara la medida, petición que no fue atendida y, por ello, acudió al TSJ en noviembre de 2020 para demandar.
En la demanda de Odebrecht contra el Estado venezolano la empresa admite que no culminó la obra, pero responsabiliza de ello al Gobierno nacional.
“Para la construcción de dicho proyecto se requirió una inversión de tres billones ciento ochenta y siete millones de dólares (US$ 3.187.000.000,00), quedando supeditada su ejecución al pago total del anticipo, estimado en la cantidad de seiscientos treinta y siete millones cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 637.400.000,00), según lo pactado en el “Documento Complementario N° 2”; suma que destaca, no ha sido cancelada por el Ministerio en los términos convenidos”, denunció la empresa Odebrecht, cita el TSJ en su fallo número 59 del 15 de abril de 2021, en el cual admitió a trámite la demanda.
Asimismo, la constructora Odebrecht aseveró al TSJ que a partir del año 2015 comenzó una “progresiva disminución” de la asignación de los recursos financieros para la ejecución de los diversos contratos de obras suscritos con el Estado venezolano, a través tanto de la Ley Especial de Endeudamiento como de la Ley de Presupuesto de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
De pagar jugosos sobornos a exigir sus derechos
Este es uno de los tres juicios iniciados por Odebrecht en Venezuela que en marzo pasado la Sala Político Administrativa del TSJ aplazó, sin explicación alguna.
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La constructora brasileña Odebrecht está en el ojo del huracán desde hace años. ¿La razón? La revelación que obtuvo mil millonarios contratos con gobiernos de 11 países de Latinoamérica, gracias al pago de jugosos sobornos a funcionarios públicos de distinto nivel.
Venezuela, figura, en el segundo lugar entre los países donde más coimas la empresa pagó, según han admitido algunos de los exdirectivos de Odebrecht encausados o condenados por la justicia brasileña.
En el Informe Odebrecht 2018 publicado por Transparencia Venezuela, y para el cual se revisaron los presupuestos nacionales, las leyes de endeudamiento, créditos adicionales publicados en Gaceta Oficial e informes de distintos organismos públicos, se afirma que el Estado venezolano canceló a la constructora más de USD 13.000.000.000 por 18 obras, entre ellas el segundo puente sobre el Lago y el tercero sobre el Orinoco.
No obstante estos pagos, el grueso de estas obras están muy lejos de su culminación.
El Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz elevó el monto pagado a Odebrecht hasta USD 30.000.000.000. Pese a estas cifras y las denuncias de sobornos, hasta el momento, en Venezuela nadie ha sido procesado ni mucho menos condenado judicialmente.