Transparencia Venezuela, 19 de noviembre de 2020.- Si tiene un problema o algún derecho está siendo violado por alguna autoridad el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no es el mejor sitio para pedir ayuda. Al menos esa es la conclusión a que la debió arribar Jorge Luis Shultz Chirino, un ciudadano que tiene desde 1988 tratando de recuperar su derecho constitucional y humano a la identidad, que le habría sido sustraída por otra persona. Lejos de obtener respuesta recibió un portazo, acompañado por un jalón de orejas.En su sentencia número 132 la Sala Político Administrativa del máximo juzgado declaró inadmisible la demanda por abstención que Shultz Chirino interpuso contra el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el 12 de enero de 2020. La respuesta que dieron los magistrados fue declarar que la demanda caducó, porque había transcurrido el lapso de 180 días fijado en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para presentar semejante acción.
Pero como si esto no fuera suficiente, los magistrados además criticaron a Shultz Chirino porque solo presentó la copia de la comunicación que en abril de 2019 le envió al Saime, en la que solicitó que se le entregara una cédula de identidad porque no tiene “ningún instrumento de identificación” y, además, que se ordenara rehacer su partida de nacimiento. Aunque su petición jamás fue atendida, el TSJ esperaba que el accionante no se quedara de brazos cruzados ante el silencio del organismo gubernamental.
“No acompañó a su libelo ninguna prueba que acredite las gestiones que haya realizado ante la Administración para obtener respuesta”, se lee en el dictamen redactado por la magistrada María Carolina Ameliach, quien – además- es la presidenta de la Sala Político Administrativa.
Regañado y sin cédula
Pese a que en más de una oportunidad el TSJ ha hecho caso omiso a las fallas presentes en las solicitudes hechas por los ciudadanos y ha terminado emitiendo una decisión, en esta ocasión no lo hizo. Esto, sin importar que Shultz Chirino expusiera a los magistrados el calvario que ha vivido desde hace 32 años.
En su escrito, que es citado en el fallo, el demandante relató que fue deportado a Colombia, pues al tratar de votar en las elecciones presidenciales de 1988, se le impidió su derecho porque había un problema con su cédula de identidad. En 1992 logró volver al país y planteó su situación al entonces Consejo Supremo Electoral (CSE), que tampoco respondió, a pesar de que se le retiró su documento de identidad. Meses después fue detenido por agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, actual Sebin) y fue procesado por usurpación de identidad, aunque se demostró que otra persona, llamada Yamil José, estaba usurpando su identidad.
En 2012 fue detenido otra vez por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de nuevo por el delito de usurpación de identidad y tras permanecer 30 días detenido fue liberado, y sometido a otro proceso. Como en la primera ocasión, esta vez también salió bien librado. En esta oportunidad, solicitó a la Jefatura Civil de Coro, estado Falcón, copia de su partida de nacimiento y allí se enteró que el documento había sido desprendido del libro.
El TSJ no reparó en este drama y obviando el mandato constitucional de evitar “formalismos (…) innecesarios” desechó el asunto, sin adoptar ninguna medida que le garantice al afectado ejercer lo dispuesto en el artículo 56 constitucional, que establece: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos”.