Caracas. Sin importar sus credenciales o su reconocimiento, el jurista o catedrático en Derecho que forme parte de una organización no gubernamental, asociación o gremio que haya recibido fondos por parte de “potencias extranjeras y empresas nacionales o extranjeras” no podrá participar como jurado en las pruebas para nombrar jueces.
La restricción figura en el numeral D del artículo 16 de las Normas para la Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó el 15 de junio pasado y que fueron publicadas en la Gaceta Oficial número 40.927.
La Constitución, en su artículo 255, obliga que los titulares de los juzgados sean nombrados mediante “concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia”. Sin embargo, desde 2006 el máximo tribunal no celebra uno solo de estos exámenes y por ello en la actualidad, 66 % de los más de 2.200 jueces que hay en el país son provisorios, es decir, que en cualquier momento la Comisión Judicial del TSJ los puede destituir sin procedimiento alguno, porque los considera de libre nombramiento y remoción.
En los últimos años esta política le ha merecido al Estado venezolano tres condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual considera que la misma viola la autonomía judicial, además de numerosas críticas en distintas instancias de Naciones Unidas.
Más poder para el TSJ
Otro cambio que introducen las normas es que los concursos no serán organizados por la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM) como hasta ahora, sino por la Comisión Judicial del TSJ, según el artículo 2 del instrumento.
La Comisión Judicial es la instancia del máximo juzgado encargada de designar a los jueces provisorios y a los temporales, así como de removerlos. La misma está presidida en la actualidad por la magistrada Gladys Gutiérrez, cabeza de la Sala Constitucional y del TSJ; e integrada por los presidentes de las otras cinco salas del organismo: María Carolina Ameliach (Sala Político Administrativa); Maikel Moreno (Sala Penal), Gustavo Blanco (Sala Civil); Indira Alfonzo (Sala Electoral) y Marjorie Calderón (Sala Social).
En 2016, esta institución nombró discrecionalmente a 2.039 jueces, de los cuales 909 fueron civiles, 444 penales, 159 especializados en Violencia contra la Mujer, 151 laborales, 126 de Protección del Niño y Adolescente, 79 agrarios y 9 penales municipales, según informó la Presidenta del TSJ al hacer balance de su gestión.
Pero la Comisión no solo decidirá la fecha y lugar de las pruebas, sino que además examinará el desempeño de los que las superen para, en último término, adjudicarles el cargo. Así el artículo 30 de las normas establece el llamado “período de prueba”, un lapso de seis meses luego de la aprobación de los exámenes durante el cual la Comisión Judicial revisará “el desempeño, así como los aspectos éticos, morales y de comportamiento, de los designados como jueces” y de no superarlo, su nombramiento será revocado.
La instancia también será la que escoja a parte del jurado, en particular a dos: al profesor de Derecho y al miembro de la lista de jurados. Los otros tres miembros (dos magistrados y un miembro del “Poder Popular”) serán seleccionados por la Sala Plena.
Sin fecha
Ninguno de los 45 artículos y 12 disposiciones transitorias del instrumento mencionan cuándo se realizarán los concursos. Sin embargo, el pasado 6 de diciembre apareció publicado en varios diarios de circulación nacional un aviso para anunciando el inicio de los concursos para asignar los cargos de jueces penales, de Violencia contra la Mujer, Contencioso Administrativo y Tributario, Responsabilidad Penal del Adolescente, Protección de Niños y Adolescentes, Laboral y Agrario en Caracas, Miranda y Vargas.
En este proceso solamente podrán participar los abogados que en la actualidad se desempeñen como jueces en calidad de provisorios, temporales o accidentales y que tengan al menos seis meses en el cargo.
Durante el acto de inicio de actividades judiciales de 2017, la magistrada Gutiérrez aseguró que en los primeros meses de este año 200 jueces serían titularizados y con ello ganarían la estabilidad en su cargo.
