Transparencia Venezuela, 14 de diciembre de 2023.- Pese a que el artículo 21 de la Constitución establece que “todas las personas son iguales ante la ley”, en la práctica en Venezuela pareciera que hay unos ciudadanos que son más iguales que otros. Y prueba de ello es el doble estándar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aplica en materia de desacato y el cual supone castigos, que han llegado a la cárcel, para aquellos opositores que incumplan sus mandatos, pero cuando los infractores son funcionarios judiciales o del Gobierno se hace de la vista gorda.
El caso más reciente es la manera cómo ha reaccionado la Sala Constitucional ante el hecho de que la Junta Interventora Especial de las empresas Multinacional de Seguros, Seguros Guayana, Interbank Seguros y Adriática de Seguros hicieran caso omiso a la orden que le giró en su sentencia número 0003 de 2021 y en la cual instruyó a la instancia para que, con “una periodicidad de cada quince (15) días continuos y de manera extraordinaria, cuando las circunstancias así lo exijan”, le informara sobre las acciones que tomó para resguardar los bienes que Multinacional de Seguros tiene en la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia.
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Según el fallo, los interventores debían “Gestionar lo conducente, con la diligencia de un buen padre de familia, a fin de preservar, cuidar, vigilar y supervisar el bien inmueble que constituye la sede ubicada en la ciudad de Maracaibo, toda construcción adherida de modo permanente a la misma, semovientes y demás bienes muebles, incluyendo muy particularmente, obras de arte, para lo cual se insta a la Junta Interventora Especial a realizar las participaciones y coordinaciones correspondientes que fuesen necesarias a los órganos y entes públicos y privados competentes, para el resguardo del patrimonio artístico nacional y regional, entre otros, pero no exclusivamente, a los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de Cultura, de la Defensa, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gobierno del Estado Zulia”.
Casi tres años después los administradores no han atendido el llamado, tal y como consta en el dictamen número 1.555 del 27 de noviembre de 2023, en la cual lejos de sancionar a los miembros de la junta el máximo juzgado decidió solicitarles “nuevamente” que le informen lo que han hecho en estos años para cumplir su mandato.
Ni siquiera un jalón de orejas
Pese a que los interventores ya incumplieron en una ocasión, la Sala no reparó en este detalle y en este nuevo fallo, el cual fue redactado por la presidenta de la Sala, magistrada Gladys Gutiérrez, ni siquiera se les advierte a los funcionarios que podrían ser castigados, de volver a desacatar.
El artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ establece claramente que “las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta 200 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, a las personas funcionarias o funcionarios que no acataren sus órdenes o decisiones o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar”.
Por su parte, el artículo 123 aumenta hasta “300 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor” a los reincidentes.
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La actitud de la Sala Constitucional contrasta con la que mantuvo contra la Asamblea Nacional electa en 2015, a la cual bajo el argumento de que desacataba sus instrucciones la vació de potestades y la anuló, mediante más de un centenar de sentencias.
Asimismo, no se puede olvidar los casos de los entonces alcaldes de San Cristóbal del estado Táchira y de San Diego, estado Carabobo, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, respectivamente; quienes pasaron año y medio tras las rejas por no cumplir una instrucción de esta instancia.
Recordando el caso
En 2019, en el marco de un proceso iniciado por la Industria Venezolana de Aluminio (Venalum), la Sala Político Administrativa impuso un embargo mil millonario contra Multinacional de Seguros y posteriormente la Sala Constitucional amplió la misma a otras tres empresas.
Meses después el Gobierno, a través del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, intervino a las aseguradoras y el ministro para aquel entonces Tareck El Aissami designó una Junta Interventora Especial, la cual está integrada por Julio C. Villareal (Presidente), Ysmel Romer Serrano Florez (Director), Jesús Manuel Suárez Matheus (Director), Nelsón José García (Director) y Ender Alexander Montiel Montilla (Director).
Entre los integrantes de la junta designada por el exministro Tareck El Aissami, se encuentra Ysmel Romer Serrano Florez, quien está detenido desde abril de 2023, por su presunta vinculación con la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. Serrano estudió con Tareck El Aissami en la Universidad de los Andes.
