Transparencia Venezuela, 18 de marzo de 2024. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó solicitar a las autoridades de España la extradición de Rubén Darío Ríos Camacho, por un desfalco a Pdvsa superior a los 33 millones de dólares.
Ríos Camacho es otro de los implicados en una trama que tiene como punto de partida las operaciones con buques petroleros que encabezó la empresaria Kristina Antonorsi Quintero, detenida seis meses antes de que estallará el escándalo de la Pdvsa Cripto.
Ya son tres sentencias del TSJ relacionadas con el mismo expediente, incluyendo el fallo contra Ríos Camacho, que han sido emitidas desde octubre del año pasado por la Sala Penal, a raíz de una investigación iniciada en septiembre de 2021.
En octubre de 2023, la misma Sala Penal del TSJ acordó solicitar al Reino de España la extradición del empresario Jesús Alfredo Vergara Betancourt, mientras que en noviembre del mismo año el máximo juzgado aprobó una solicitud similar ante el gobierno de Grecia contra el empresario italiano Erick Robeta, quien sí fue vinculado al desfalco conocido como Pdvsa Cripto según una versión publicada por el diario Últimas Noticias.
Entrega de información privilegiada de Pdvsa
El fiscal 73 del Ministerio Público – con competencia en la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos – Jean Karin López Ruíz le imputa a Rubén Darío Ríos Camacho los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, contrabando agravado y estafa agravada.
El proceso contra el señalado es instruido por el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo, ubicado en Caracas.
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Según la sentencia de la magistrada Carmen Marisela Castro Gilly la empresa del sector naviero Cycnus Marine Services C.A actuó como intermediario de la compañía fachada Aetos Shipping LTD para el “agendamiento marítimo” de un buque denominado NIX 1, con capacidad para un millón de barriles de petróleo.
Tras un allanamiento a la empresa Cycnus Marine Services C.A se determinó que Rubén Darío Ríos Camacho fue la persona que “facilitó las condiciones y tramitó diligencias operativas y administrativas, necesarias para realizar el procedimiento de arribo, carga y posterior zarpe” del buque, por lo que se le señala como el “abanderado y presunto autor principal de este hecho”, que significó pérdidas para Pdvsa por más de 33 millones de dólares.
Se lee en la sentencia:
“(…) la empresa ARCOS SERVICES ECUADOR, C.A., a través del buque N1X1 cargó la cantidad de 998.405.00 BBL del hidrocarburo SPECIAL HAMACA BLEND (SHB) por un monto total de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (40.761.889.30 €), que dicha empresa solo pagó la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (7.543.583.60 €) por lo que adeuda un monto total de TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (33.218.305.70 €), que dejó de percibir PDVSA, S.A…”
Ríos Camacho es señalado de mantener comunicación directa con Kristina Antonorsi Quintero, a quien “le proporcionaba información privilegiada de Pdvsa”.
En la sentencia se insiste en que Antonorsi Quintero fue la persona que comercializó un cargamento de 2 millones de barriles de petróleo de Pdvsa, para ser vendidos en China, que habían obtenido las empresas Arco Services Ecuador y Arco Services “como compensación en pago por parte de la estatal Petróleos de Venezuela, A.A. (PDVSA), luego de una negociación con esta empresa”, se lee en el fallo.
Otro caso sobre el robo de petróleo de Pdvsa
En enero de 2024, la Sala Penal del TSJ, también con ponencia de la magistrada Castro Gilly, declaró con lugar una solicitud de extradición activa a Emiratos Árabes Unidos (EAU) contra una mujer identificada como Uneza Tahir Lakhani, también por estafar a Pdvsa.
La mujer es la representante de los activos de su esposo – Muhammad Tahir Abdul Qadir Lakhani, alias “Tahir”, de nacionalidad paquistaní- quien es propietario de la empresa North Star Maritime Holding LTD, una compañía se dedica a “la compra de embarcaciones, en su mayoría petroleras, que hayan llegado al final de su vida útil y tengan como destino los distintos deshuesaderos ubicados en la India y Pakistán”.
Según el Ministerio Público organizaciones delictivas “dedicadas al robo del crudo venezolano” lograban su cometido al adquirir de la empresa en cuestión los transpondedores (especie de GPS) para “desaparecer” los buques en altamar.
La mujer fue acusada por los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, contrabando agravado de combustible y asociación.
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