Atendiendo una solicitud presentada por un grupo de concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el 27 de febrero de 2015, el TSJ decidió apoyar la destitución de la alcaldesa del municipio José Antonio Páez (Guadualito) del estado Apure, Lumay Barreto. El fallo, emitido el 1 de junio del mismo año, permitió al oficialismo reconquistar un espacio que le había sido negado por la ciudadanía en las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013.
El máximo juzgado del país defenestró a la opositora Barreto y dio la razón a los ediles chavistas, que denunciaron “graves irregularidades” y un “vacío de autoridad” que habría “quebrantado el normal funcionamiento de la Administración Pública Municipal”. De esa manera, la ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez validó la tesis de que la regidora de Guasdualito se había ausentado de su despacho sin cumplir los trámites legales.
Barreto forma parte del partido Voluntad Popular (VP), cuyo líder fundador, Leopoldo López, está detenido en la cárcel militar de Ramo Verde desde el 18 de febrero de 2014 acusado de conspirar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Antes que a Barreto, el Poder Judicial había removido y encarcelado al alcalde de San Cristóbal (Táchira) y dirigente de VP, Daniel Ceballos, por las protestas que sacudieron a la nación en 2014. Igualmente, otros dos miembros de la dirección de VP, Antonio Rivero y Carlos Vecchio, marcharon al exilio para evitar las órdenes de capturan que pesan en su contra.
Conocida la sentencia, Barreto recordó que desde que asumió la Alcaldía de Guasdualito tuvo que enfrentar los ataques del gobernador del estado Apure, Ramón Carrizález (PSUV), y de Miraflores. “El Gobierno no permitió en ningún momento que yo ejerciera mi posición de alcaldesa como tenía que hacerlo. Se llevaron las maquinarias de la Alcaldía y desmantelaron la institución”, declaró a los medios.
El 8 de octubre de 2013, 11.006 vecinos de Guasdualito desafiaron el poder del PSUV al elegir a una mujer opositora como alcaldesa de un emblemático municipio llanero. Menos de dos años después, siete magistrados silenciaron la voz del pueblo y le devolvieron al chavismo su bastión apureño.
Extracto de la sentencia
se denuncian graves irregularidades presuntamente cometidas por (…) [la] alcaldesa (…), las cuales, según los accionantes implicaron el abandono del cargo, circunstancia que dio lugar a un “vacío de autoridad”, que ha quebrantado el normal funcionamiento de la Administración Pública Municipal, que incide negativamente sobre la eficacia y eficiencia de la prestación de los servicios públicos (…) considerando que se habría sucedido una ausencia de la referida Alcaldesa, sin el debido trámite, lo que además habría conducido a la desatención de las competencias ejecutivas municipales en materia sanitaria y otras, a los fines de dar cumplimiento a la continuidad administrativa correspondiente y especialmente, para la reanudación y efectiva prestación de los servicios públicos respectivos»