Conceptos como “inflación inducida” y “guerra económica” – utilizados por el chavismo y ampliamente cuestionados por la oposición y distintos economistas – han sido empleados por la Sala Constitucional del TSJ para brindar un espaldarazo a Maduro.
“Como se observa, el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y grave, por la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano, a fin de controlar eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la que atraviesa la economía venezolana”, señala el fallo que fue publicado el 20 de enero de 2016, cuatro días después de que el Jefe de Estado remitiera el decreto de emergencia económica a la cúpula del Poder Judicial.
En una ponencia conjunta, los magistrados de la Sala Constitucional aplauden la medida por considerar que la misma servirá para “mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios, así como también contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros”.
Con la finalidad de demostrar que las tesis expuestas por Maduro son un “hecho público comunicacional”, los togados citan una serie de notas publicadas en medios de comunicación. Allí destaca el artículo de opinión titulado “Guerra económica”, bajo la firma del director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, absolutamente identificado con el chavismo.
“No me sorprende que la oposición, estimulada desde Madrid, Miami y Bogotá, insista en negar que existe una guerra económica”, escribió Díaz Rangel, quien además estableció un paralelismo entre la conspiración y el golpe de Estado que derrocó al presidente chileno, Salvador Allende, y la situación que enfrenta el Gobierno de Maduro. Argumentos de ese tipo ahora cuentan con la bendición de la Sala Constitucional.
Para no dejar lugar a dudas, los magistrados ratifican su “respaldo orgánico” al decreto de emergencia económica reconociendo su “pertinencia, proporcionalidad y adecuación, el cual viene a apuntalar con sólido basamento jurídico y con elevada significación popular, la salvaguarda del pueblo”.
Extracto de la sentencia
el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y grave, por la guerra económica iniciada contra el pueblo venezolano, a fin de controlar eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la que atraviesa la economía venezolana, lo que constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta los hechos que han venido reportando los medios de comunicación y las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional (…)