“Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. Este refrán ilustra a la perfección la situación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) frente al espinoso tema de las personas detenidas cuya excarcelación ordenó el sistema judicial y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se niega a dejar en libertad. Tras desechar varias acciones intentadas ante máximo juzgado por razones de forma, ha admitido el caso de una persona cuya detención, al parecer, no tiene relación con la política.
Se trata del caso de Yoner José Tovar, quien desde el 12 de julio de 2017 debería estar en las calles, porque así lo decidió el Tribunal 12 de Control de Caracas, organismo que sustituyó la medida de privación de libertad que pesaba sobre él por el régimen de presentación periódica ante el juzgado previsto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), pero sin embargo continúa tras las rejas.
Ante esta situación el abogado del detenido interpuso un habeas corpus ante la Sala Constitucional el 19 de julio de 2017, pero apenas fue el 5 de diciembre cuando la instancia lo admitió y en su sentencia número 1055 solicitó al Sebin que en los próximos tres días, después de ser notificados de este fallo, le informara si Tovar sigue bajo su custodia y si recibieron la orden judicial.
En el dictamen redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán se le advierte al director del organismo, general Gustavo González López, que en caso de incumplir esta instrucción le impondrá la multa de 200 unidades tributarias prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del TSJ.
Pese a lo extemporáneo, pues el artículo 26 constitucional establece que el procedimiento de amparo “será breve” y que por tratarse de un asunto donde está en juego la libertad de una persona debió darle “preferencia” a la hora de resolverlo, el fallo reviste de importancia porque es el primero donde la Sala Constitucional se interesa en el caso de los detenidos arbitrarios del Sebin.
Asimismo la decisión se produjo apenas días después de que por un formalismo rechazara analizar el caso del dirigente opositor Yon Goicoechea, quien permaneció preso en el organismo de inteligencia nueve meses más que los que la justicia le impuso.
De acuerdo a cifras del Ministerio Público y de organizaciones de derechos humanos, para finales de 2017, más de una veintena de personas permanecían presas en los calabozos del organismo de inteligencia, pese a que jueces habían ordenado liberarlos.
