Transparencia Venezuela, 19 de mayo de 2021.- Pese a que se quedó sin sede, porque su moderno edificio fue embargado el pasado 14 de mayo por el Tribunal Cuarto de Municipio y Ejecutor de Medidas de Caracas, en “El Nacional” no pueden considerar que esta acción pone punto final al proceso por difamación que el diputado Diosdado Cabello inició en su contra. ¿La razón? La instalación, ubicada en la caraqueña urbanización de Los Cortijos de Lourdes, cubre apenas poco más de la mitad de los 237.000 petros (casi 13 millones de dólares) que exige el dirigente oficialista, según el ajuste en el monto de la condena que hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por los “daños morales” causados.
El cálculo figura en el cartel de notificación donde el juzgado oficializó la toma de las instalaciones del rotativo fundado por el escritor y poeta Miguel Otero Silva hace 78 años. En ese documento se indica que la edificación cubre la cantidad de 141.501,24 de los 237.000 petros (moneda digital creada por Maduro) que impuso como pago la Sala de Casación Civil, aseguró el propio “El Nacional” en su página web.
Esto hace presumir que la justicia puede adoptar, en el futuro, nuevas acciones contra otras propiedades, así como activos de la empresa y sus accionistas.
El pleito entre Cabello y el diario data de 2015, cuando el dirigente del chavismo demandó al medio de comunicación por reproducir un reportaje que había publicado el diario español ABC, en el cual se le vinculaba al hoy parlamentario con el narcotráfico. Dicha investigación periodística se sustentaba en declaraciones que un exescolta de Cabello, Leamsy Salázar, habría ofrecido a las autoridades estadounidenses, a cambio de protección.
Deseos hechos realidad
El 31 de mayo de 2018 el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas declaró con lugar la demanda contra “El Nacional” y le ordenó pagar 1000 millones de bolívares como indemnización a Cabello. Sin embargo, los representantes del medio apelaron la sentencia en junio de ese año, aunque luego desistieron y, por ello, en el 14 de noviembre de 2018 el juez de alzada declaró que el fallo había quedado firme. A principios de este año los abogados del parlamentario acudieron al TSJ para solicitarle que se avocara al asunto e indexara la cifra, porque la inflación la había vuelto “exigua”.
El pasado 17 de abril la Sala de Casación Civil atendió la solicitud del que fuera considerado como el “delfín” del fallecido Hugo Chávez y en su sentencia número 0081 elevó a 237.000 petros la condena por el “gravísimo” daño que había sufrido su reputación y su imagen por la reproducción de informaciones obtenidas de otros medios internacionales. Con esta decisión, el máximo juzgado vulneró el principio de la cosa juzgada, denunció recientemente Acceso a la Justicia.
Nada más conocer el fallo a su favor, el considerado, en su momento, el segundo al mando del chavismo ya había advertido que él mismo buscaría que se ejecutara el pago. “Si no pagas (Miguel Henrique Otero, presidente-editor de El Nacional) en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños, porque yo sí tengo moral”, afirmó Cabello, horas después de conocer el dictamen a su favor, al tiempo que agregó: “Si ellos se las dan de duros y no quieren pagar, el edificio sede de El Nacional, si así lo consideran los tribunales, debe ser entregado a este que está aquí. Entonces, inmediatamente firmaré para que ese edificio se convierta en la sede de la universidad de las comunicaciones”.
Un golpe más a la prensa
La decisión contra “El Nacional” ha provocado una ola de condenas tanto dentro como fuera de Venezuela. Así, desde el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) no dudaron en calificaron como “un claro ejemplo de acoso judicial contra uno de los pocos medios independientes de Venezuela, el cual ha logrado seguir informando pese a todas las adversidades”.
Por su parte, voceros del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtieron que la responsabilidad de esta nueva violación “recae directamente en el régimen”.
