Transparencia Venezuela, 8 de diciembre de 2024. El pasado 20 de noviembre, se conoció de la detención de Pedro Velazco Prieto, presidente del Circuito Judicial Penal del Zulia, así como de las juezas Maurielis Vilchez Prieto y Marjorie Plaza Hernández; y del fiscal superior de la entidad, José Gregorio Rondón Múñoz y del fiscal Francisco Javier Urdaneta.
Las aprehensiones, realizadas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fueron practicadas en los despachos de los funcionarios a plena luz del día, lo que permitió que el arresto de Velasco Prieto quedara en video registrado por una persona que se encontraba en la sede judicial y que luego fue difundido por las redes sociales.
“Derrocar al Gobierno constituido y evitar a todo trance lo que va a ocurrir el 10 de enero: la juramentación del presidente electo (Nicolás Maduro)”. Este era el objetivo de una trama en la que, según las autoridades, estaban involucrados tres jueces y dos fiscales del Zulia detenidos recientemente.
El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa el 23 de noviembre, aseguró que los funcionarios judiciales habían sido captados por el empresario José Enrique Rincón, quien es propietario de varias empresas en el área camaronera y del sector agroindustrial en el estado petrolero, quien sería el cerebro de un plan que buscaba “generar situaciones de inestabilidad para ser aprovechadas por sectores políticos claramente identificados”.
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Rincón, según Cabello, se encuentra junto a sus dos hijos en España, país al que se marchó una vez se produjo la aprehensión del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina. El ministro también aseguró que en los allanamientos a algunas de las propiedades del empresario fueron incautadas armas, explosivos y drones, los cuales exhibió en su comparecencia ante los medios.
Prometen más detenciones de funcionarios judiciales
Cabello aseguró que los jueces y fiscales detenidos tendrían vínculos directos con el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, Iván Simonovis; con María Corina Machado, con el exdiputado Tomás Guanipa y su hermano también exparlamentario Juan Pablo Guanipa, así como “con una cantidad de periodistas y abogados”. El ministro anunció que la red habría logrado captar a jueces y fiscales de otros tres estados, que no mencionó.
Pero ¿cuál era el papel de los funcionarios judiciales en la presunta trama conspirativa? “Parte del plan era entregarles a personas que están detenidas en los recintos carcelarios armas y explosivos”, respondió el ministro Cabello, quien agregó: “Están entrenando paramilitares para atacar objetivos principales, sedes eléctricas, sedes petroleras y (la represa de) El Guri”.
Cabello también anunció que un militar fue aprehendido, pero no precisó su identidad, rango o situación (activo o retirado).
La acusación de que los jueces y fiscales detenidos formarían parte de una conspiración ha sorprendido en los predios judiciales. ¿La razón? En un principio se había asegurado que las detenciones de los funcionarios estarían vinculadas con hechos de corrupción.
En su rueda de prensa, Cabello admitió que sobre los funcionarios pesan señalamientos de corrupción.
“Al juez le encontraron más de 100 mil dólares y al fiscal 120 mil dólares”, agregó.
El ministro informó que los aprehendidos se encuentran en Caracas y que su caso será llevado allí, en virtud de que el Poder Judicial zuliano está, a su juicio, “infiltrado”.
Estas aprehensiones se suman a las registradas a principio del año en Caracas, donde un fiscal y un defensor público fueron detenidos por presuntamente intentar favorecer a miembros del Tren de Aragua a cambio de jugosas cifras de dinero.
