Transparencia Venezuela, 22 de marzo de 2021.- El mandato constitucional previsto en el artículo 26 de la Carta Magna, que ordena que la justicia sea “expedita” y, por lo tanto, sus órganos están obligados a emitir pronunciamientos “con prontitud”, es letra muerta. Al menos este es el sabor de boca que deja la sentencia número 0056 de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que cerró, sin responder, una demanda que tenía 11 años en sus gavetas.
En el fallo, dictado el 17 de marzo de 2021, la instancia declaró el “decaimiento del objeto” de una controversia administrativa que a finales de 2009 interpuso la entonces presidenta del Consejo Legislativo del estado Apure, Omaira Lucía Eslava Parra, contra el para la época gobernador de la misma entidad llanera, el ya fallecido Jesús Aguilarte Gámez, por su negativa a transferirle los fondos necesarios para que el Parlamento regional pudiera pagar los sueldos y salarios de sus miembros y funcionarios activos y jubilados, correspondientes al mes de agosto de ese año.
El conflicto entre los dos órganos del Poder Público estadal surgió “debido a la situación de emergencia financiera que viene atravesando el Ejecutivo Regional, durante el presente ejercicio económico financiero 2009, una vez sufrido el recorte presupuestario del nivel central”, según justificó se lee en el dictamen.
En noviembre de 2010 abogados del gobierno apureño solicitaron al TSJ cerrar el caso, por cuanto le informaron que ya habían entregado los fondos al Legislativo e incluso le entregaron copias de las órdenes internas números 000997 y 001035, del 7 y 18 de agosto de 2009, en las cuales figuran las dos transferencias por Bs. 384.127,74 (en la actualidad 0.21 dólares, según tasa del BCV) cada una. No obstante, estas pruebas el caso continuó abierto y fue archivado más de una década después.
“Este Máximo Tribunal considera que resultaría inoficioso cualquier pronunciamiento que pudiera hacerse sobre la controversia planteada por el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Apure, por cuanto lo pretendido por éste era que se ordenara al Ejecutivo de dicho estado la entrega de los dozavos correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de agosto 2009, lo cual se satisfizo al momento de consignarse los pagos anteriormente señalados”, corroboró el magistrado Marco Antonio Medina, en su sentencia.
La Sala no explicó por qué este asunto siguió activo por más de 11 años, ni tampoco tomó ninguna medida para evitar que, a futuro, este tipo de disputas puedan producirse nuevamente.
Una gestión opaca con fin cruento
Aguilarte Gámez fue electo gobernador de Apure en tres ocasiones, pero no terminó su tercer período debido a que en 2011 renunció a su cargo aduciendo “razones de salud”. Sin embargo, el hecho de que el fallecido Hugo Chávez exigiera públicamente la dimisión del funcionario refuerza las sospechas de quienes creen que el exmilitar golpista dio el paso presionado por los numerosos señalamientos de irregularidades administrativas en su contra.
Un año después el exmandatario local perdió la vida tras recibir varios disparos cuando se encontraba en un establecimiento de comida rápida, en la ciudad de Maracay, estado Aragua.
