Transparencia Venezuela, 21 de marzo de 2019. Transparencia Venezuela condena la detención arbitraria del abogado Roberto Marrero, jefe del Despacho del presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como la violación de la inmunidad parlamentaria del diputado Sergio Vergara, y exige que sean respetados los derechos humanos y el debido proceso contemplados en la Constitución Nacional.
La detención arbitraria de Marrero y la violación de la inmunidad de Vergara confirman los puntos denunciados el pasado miércoles 20 de marzo, por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, cuyo informe ratificó ante el mundo que Nicolás Maduro viola reiteradamente los derechos humanos de todos los venezolanos.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, uno de los cuerpos represivos responsables de los abusos y torturas denunciados por la Alta Comisionada, fueron los que allanaron las residencias de Marrero y Vergara alrededor de las 2:00 de la mañana del jueves 21 de marzo y se llevaron detenido al primero, a la fuerza.
A través de notas de voz enviadas en horas de la madrugada, el propio abogado Roberto Marrero alertó sobre su detención. “En estos momentos está entrando en casa del diputado Sergio Vergara y en mi casa un grupo fuerte del Sebin. Están entrando de madrugada. Están tumbando la pared”, dijo mientras al fondo se escuchaban fuertes golpes.
Los funcionarios del Sebin sometieron a Vergara por varias horas, lo hicieron pegar la cara al piso y le obligaron a poner sus manos sobre el cuello, a pesar de que mostró su credencial como diputado de la Asamblea Nacional. Después que lo soltaron, el parlamentario pudo ver como se llevaban a Marrero, quien alcanzó a gritarle que los cuerpos de seguridad habían “sembrado” evidencia en su contra.
“Confirmo la detención de Roberto Marrero. Cuando lo sacaban de su casa me gritó que (el Sebin) le había metido dos fusiles y una granada. En ese momento lo mandaron a callarse, yo le dije que tuviese mucha fuerza”, afirmó Vergara desde las afueras de su casa que fue violentada por los funcionarios, quienes rompieron las paredes y despegaron las puertas.
Vergara también detalló que les presentaron una orden de allanamiento firmada por la jueza Carol Padilla y dijo que los fiscales actuantes fueron Farik Mora y Dinorah Bustamante. “Había más de 40 funcionarios y más de 12 vehículos”, añadió.
Además de la detención de Marrero, el diputado Vergara denunció que los funcionarios del Sebin se llevaron detenido a su chofer Luis Páez Salazar.
El miércoles, el constituyentista Diosdado Cabello se refirió en varias ocasiones a Marrero, durante su programa de televisión, en el canal del Estado, “Con el Mazo Dando”.
A las 6:30 de la mañana Guaidó también denunció a través de su cuenta en Twitter lo ocurrido: “Secuestraron a @ROBERTOMARRERO, jefe de mi despacho. El denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada, se lo dijo al diputado @SergioVergaraG, su vecino. El procedimiento comenzó a las 2 am aproximadamente. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de inmediato”.
El abogado Joel García, uno de los encargados de la defensa de Roberto Marrero, afirmó la tarde del jueves que su representado está detenido en la sede del Sebin de El Helicoide y coincidió en que el caso es una nueva violación al debido proceso.
Los gobiernos de Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Reino Unido, Paraguay, Alemania, España, entre otros, condenaron la detención arbitraria del abogado Marrero.
A las 5:00 de la tarde el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, afirmó que Marrero fue detenido por formar parte de una «célula terrorista» que supuestamente estaba organizando a grupos criminales para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar ataques a los servicios públicos.
Reverol mostró las fotos de Marrero y de Páez detenidos y de supuestas evidencias en su contra, entre las que se encontraban dos fusiles, una granada, dólares en efectivo, un pasaporte, entre otras cosas.
Marrero fue abogado del preso político Leopoldo López, es dirigente del partido político Voluntad Popular y se desempeñó como secretario de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2017. Es una de las personas que ha estado más cerca del diputado Guaidó desde antes que asumiera la presidencia encargada del país. De hecho, lo acompañó en su gira reciente por varios países de América Latina.
Transparencia Venezuela reitera su rechazo a todo acto emanado de los órganos de administración de justicia contrarios a los derechos y garantías establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y exige la liberación inmediata de Marrero, así como el cese de los abusos de autoridad y daño contra los venezolanos que reclaman el restablecimiento del estado de derecho.
¿Quién es la jueza que firmó la orden de allanamiento?
La jueza Carol Padilla, quien firmó la orden de allanamiento, trabaja en el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, del Área Metropolitana de Caracas y según un recuento realizado por Transparencia Venezuela, fue la encargada de dictar la privativa de libertad contra el diputado Juan Requesens, el 14 de agosto de 2018, en los mismos términos en los que había señalado anteriormente el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab.
La jueza Padilla también fue quien dictó la orden de captura contra el diputado Julio Borges, quien ahora se encuentra en el exilio. Además ordenó la detención de Luis Sánchez Rangel, quién era el auxiliar del fiscal Pedro Lupera, ambos tenían en sus manos la responsabilidad de investigar el caso Odebrecht en el país.
Padilla fue defensora privada de una “víctima de los sucesos del 11 al 14 de abril”, quien interpuso una demanda para determinar si existían méritos para el enjuiciamiento de Franklin Arrieche, Blanca Rosa Mármol de León y Hadel Mostafá Paolini, por “complot político”, pues sugirieron al Presidente del Tribunal Supremo de ese momento, Iván Rincón, que renunciara a su cargo, para garantizar una continuidad del máximo juzgado ante el “golpe de Estado”.
En 2005 fue apoderada judicial de Yonny Bolívar, en la causa que se seguía en su contra por secuestro, ocultamiento de armas de fuego, usurpación de título militar y obtención de pasaporte con falsedad ideológica. Yonny Bolívar es el culpable del homicidio de la periodista Adriana Urquiola, durante las protestas de 2014.
También estuvo implicada en una irregularidad, que ocasionó una averiguación penal, por falsificación de documento público, razón por la que fue detenida preventivamente. En esta ocasión, Carol Padilla admitió ser la autora de la falsificación de una comunicación que debía ser emanada del Instituto de Previsión Social del Abogado, en la que se certificaba que el ciudadano Yohan Arretureta Guevara (presuntamente culpable de extorsión) era abogado, cuando realmente no era así.