Todo el poder del Estado contra el voto, el caso del gobierno de Bolívar

Cinco días después de las elecciones regionales, realizadas el 15 de octubre de 2017, el dirigente opositor Andrés Velásquez atribuía a los negociados, mafias y estructuras de poder irregular enquistadas en el Estado Bolívar, el fraude que a su juicio se perpetró en esa entidad del sur de Venezuela, para arrebatarle su triunfo. Han transcurrido más de siete meses de una de las denuncias de fraude más documentadas, sin que el Poder Electoral y el Judicial hayan aclarado qué ocurrió. Un militar, el candidato del partido de gobierno, fue proclamado sin reconteo de votos.

“Los grandes negocios que hay […] en relación al Arco Minero, al contrabando de oro, de minerales de oro, control de empresas básicas, mafia de la cabilla y del aluminio, tráfico de gasolina, complicidad o alianza entre pranes y funcionarios del gobierno, o funcionarios militares”, dijo  el 20 de octubre de 2017 Velásquez, resumiendo en sus palabras el entramado que se teje en el estado que aspiraba gobernar, una situación que no es ya ni objeto de asombro en Venezuela por la gran cantidad de denuncias que han sido hechas, sin que alguna autoridad responda por ello.

Andrés Velásquez se enfrentó así no solo a las irregularidades que los opositores denunciaban, sino también al poder del sur del país -una región minera por excelencia-en el que los militares juegan un papel estelar. “Puedo afirmar que no enfrentamos a candidatos sino al poder económico de todo el Estado y de las instituciones del Estado colocadas al servicio de las candidaturas del PSUV”, manifestó en esa ocasión.

Su contendor, el mayor general Justo José Noguera Pietri, con amplio radio de acción en el estado Bolívar, como lo muestran algunos de los cargos que ha ostentado:

Velásquez emprendió una cruzada desde la madrugada del 16 de octubre, cuando Noguera Pietri fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, con una diferencia de apenas 1.740 votos.

Por debajo de la mesa

Andrés Velásquez presentó a los medios de comunicación copias de las actas de escrutinio de 13 mesas de votación. Testigos electorales de la oposición se hicieron con ese material. Llevó el caso al Consejo Nacional Electoral el 23 de octubre,y sin su conocimiento el organismo que rige los procesos electorales remitió el asunto al Tribunal Supremo de Justicia. No obtuvo respuesta del Poder Electoral ni del Poder Judicial.

Esta denuncia no tuvo toda la atención de la opinión pública, que en ese momento debatía sobre la juramentación sorpresiva ante la denominada Constituyente de los gobernadores recién electos de Táchira,Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, pertenecientes al partido opositor Acción Democrática.

Velásquez resumió su exigencia así: “Se sumaron 1.996 votos y me restaron a mí 150 votos. Y la ventaja que aparece finalmente a favor de Justo Noguera son 1.740 votos. Es decir que si se registraran estas diez actas correctamente en la sumatoria resolveríamos el asunto”.

Su denuncia es que el Consejo Nacional Electoral manipuló manualmente los votos de esta manera:

Otras denuncias:

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, decidió el 19 de octubre de 2017 declarar como “fraudulento el proceso de elecciones de gobernadores llevado a cabo el 15 de octubre de 2017, así como las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, en alianza con el Gobierno Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia”.

El Poder Legislativo, cercado por el gobierno, también exigió al Consejo Nacional Electoral que facilite una auditoría “integral, cualitativa y cuantitativa, realizada por organismos internacionales, del proceso electoral (…),  que esté a cargo de expertos independientes”

Cuatro días después, el 23 de octubre, Andrés Velásquez, acudió al Consejo Nacional Electoral y denunció el fraude. Posteriormente, el abogado de Velásquez, Miguel Gómez Muci, denunció que el expediente fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia por el ente electoral sin resolver la denuncia del candidato opositor.

“Señora (Tibisay) Lucena (presidenta Consejo Nacional Electoral), yo me preguntó ¿Cómo un recurso que está sometido al conocimiento del ente que usted dirige puede remitirse sin haber sido decidido y sin que el administrado afectado por esa decisión hubiere interpuesto el recurso de Ley? En buen derecho tal posibilidad no es explicable”, declaró Gómez a los medios.

El Poder Electoral y el Poder Judicial han sido requeridos para aclarar si hubo fraude en el estado Bolívar, el más evidente en una década, según los conocedores del tema electoral.

A mediados de 2018 aún no había respuesta. El mayor general Justo Noguera Pietri es el “Gobernador de Bolívar, adjudicado por el CNE sin la contabilización de todas las actas de votación”, según Poderopedia.