Transparencia Venezuela, 07 de abril de 2022.- Hasta el último día el caso del estudiante Steven García, quien formó parte de la lista de presos políticos en Venezuela por las protestas de 2014, estuvo plagado de irregularidades. Aunque fue absuelto tras seis años de prisión, se retrasó su libertad plena y los fiscales del Ministerio Público insistían en la suspensión de la sentencia que libró de toda culpa al joven, obviando la reciente reforma legal que lo prohíbe, y a pesar de que no presentaron evidencias, ni testigos que lo inculparan en el proceso.
La jueza provisoria Yoyreli Mata Granados dictó libertad plena para Steven García el 1 de abril de 2022, pero fue trasladado a una celda del Centro Penitenciario de la Región los Andes (CEPRA), aislado del resto de la población penal, y no fue liberado si no hasta el día 2 de abril según lo denunciado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODHULA).
Steven García fue declarado inocente tras ser sometido a un proceso, extenso y plagado de irregularidades judiciales, acusado del asesinato de Gisella Rubilar cometido en Mérida en marzo de 2014, en el marco de las protestas sociales de ese año. Además, fue imputado por los delitos de asociación para delinquir y obstrucción a vías públicas, sin embargo, la jueza provisoria del caso determinó que no existen pruebas que lo incriminen.
Abuso de poder televisado
Steven García fue detenido tras dos años de ocurrido el hecho que se le imputaba, después que el dirigente oficialista Diosdado Cabello, considerado el segundo a bordo en el gobierno, lo acusó en su programa televisivo “Con el mazo dando”, transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión, el 28 de enero de 2016.
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En esa oportunidad, en un ejemplo claro de abuso de poder en Venezuela y de manejo político de la justicia venezolana, el dirigente chavista, se refirió al estudiante de la siguiente manera: “Aquí esta Steven Ricardo García Sanz, asesino, asesino”
Mostró su foto a las cámaras y relacionó al joven con la organización Voluntad Popular, a la que pertenece Leopoldo López y de la que formó parte Juan Guaidó hasta enero de 2020. En su comentario dijo: “todos estos tipos (los detenidos) cuando son interrogados le echan la culpa al monstruo de Ramo Verde” (refiriéndose a López, a quien definió como “el asesino Leopoldo López”).
¿Y las irregularidades judiciales?
Según lo denunciado por el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, la fiscalía presentó como prueba única un acta elaborada por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) donde reseña la declaración de un testigo anónimo en contra de Steven García.
El ODHULA denunció que luego del dictamen de la jueza, “el fiscal advenedizo Franklin Rangel intentó ejercer un efecto suspensivo sobre la sentencia”, recurso jurídico que fue eliminado en reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de septiembre de 2021.
Además de Franklin Rangel, la otra representante del Ministerio Público que intervino en el proceso es Dayana González, cuya actuación en el caso es considerada irregular por los representantes del Observatorio de la ULA, quienes exigieron estos fiscales sean sometidos a un proceso disciplinario como miras a su destitución “por mal ejercicio de sus funciones”.
En un comunicado de prensa el Observatorio de la ULA sostuvo que “ambos fiscales, violaron estándares nacionales e internacionales referidos a su debida actuación, entre ellos las Directrices para la Función de los Fiscales promulgadas por la ONU, que fueron proclamadas en el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990”.
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La justicia como herramienta de persecución
En su informe “Persecución política e Impunidad: participación de jueces y fiscales en violación de Derechos Humanos” (Mérida, 2014-2021), el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA analiza la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público y allí se detallan las siguientes irregularidades judiciales en el proceso contra Steven García.
- El estudiante fue detenido luego de casi 2 años de haber ocurrido el hecho, tras ser acusado por Diosdado Cabello.
- Las audiencias fueron interrumpidas en 20 oportunidades por falta de traslado o por inasistencia del juez a su despacho
- El Observatorio “conoció a través de varios exfiscales del Ministerio Público, despedidos por apoyar a la exfiscal Luisa Ortega Díaz, que en el caso de Steven García Sanz se habrían fabricado pruebas y que el estudiante ha sido presionado para admitir los hechos en su contra”.
En cuanto a las irregularidades en la justicia venezolana, el informe refiere las prácticas judiciales que configuran un patrón de impunidad:
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- Inasistencia a las audiencias.
- Dilación injustificada de procedimientos.
- Negativa para que las víctimas accedan a expedientes.
- Incumplimiento en general de obligaciones inherentes al cargo.
- Ausencia de impulso e investigación.
- Politización.
Nuevo informe: Persecución política e impunidad: Participación de jueces y fiscales en violaciones de derechos humanos. Mérida 2014-2021. #JuecesCorruptosVnzla #JusticiaParcializada
Acceda ahora en el siguiente enlace para conocer más: https://t.co/5Ub5Vco6ae
— ObservatorioULA.DDHH (@Uladdhh) April 5, 2022
Según el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA estas irregularidades en la justicia venezolana violan:
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- El derecho de toda persona a la presunción de inocencia.
- El derecho a la no discriminación por razones políticas.
- El derecho a no ser detenido arbitrariamente,
- El derecho a ser juzgado ante un tribunal independiente e imparcial.
- El derecho al debido proceso.
- El derecho a la tutela judicial efectiva.
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Son más de 230 presos políticos en Venezuela
Steven García era uno de los 235 presos políticos que existen en Venezuela. Según la organización Foro Penal, en su última actualización, la cifra se divide en 109 civiles y 130 militares, mientras que 225 son hombres y 14 mujeres.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 28/03/2022 por @ForoPenal:
í: 239
Hombres: 225
Mujeres: 14Civiles: 109
Militares: 130Adultos: 238
Adolescentes: 1#Infografia #Balance #28Mz @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos @UNHumanRights pic.twitter.com/px1kkKpCNo— Foro Penal (@ForoPenal) March 29, 2022
Para el Observatorio de la ULA, la detención de jóvenes como Steven García, Daniel Parra, Marller Gonzalez y Walter Mayorga “evidencian un patrón de represalias ejercido por el Estado venezolano en contra de jóvenes que participaron en las legítimas protestas sociales durante los años 2014 y 2017.”
Este patrón también ha sido denunciado por organizaciones nacionales e instancias internacionales como la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, así como por la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues consideran que es una práctica sistemática “como un mecanismo para atacar a los disidentes y frenar las manifestaciones callejeras registradas en Venezuela en estos años de fuertes protestas antigubernamentales”.
